Un centenar de personas crea una plataforma para defender el trabajo que se ha realizado en la residencia El Cuartillo, conocida como la Asistida. A ella pertenecen trabajadores que en la actualidad prestan sus servicios en el centro, otros ya jubilados, familiares de los residentes y ciudadanos en general, que buscan salvaguardar el trato que recibieron los mayores durante los peores meses de la crisis sanitaria, cuando fallecieron en este geriátrico 75 personas a causa del coronavirus según los datos oficiales. Se trata de la residencia donde más muertes se han registrado durante la pandemia aunque también es el más grande de la región, con 320 residentes. Aquí se contagió el 80% de los ancianos.
Esta situación hizo que familiares de residentes y de fallecidos crearan una asociación para denunciar lo ocurrido. Han presentado incluso una querella criminal contra la dirección del centro, que ya ha sido admitida a trámite por el juzgado. Denuncian también que, tras la pandemia, los mayores acusan falta de cuidados básicos precisamente por la escasez de personal, que dificulta en muchas ocasiones atenderlos de una forma correcta.
La nueva plataforma lo desmiente y considera que estas acusaciones «suponen un desprestigio para el centro y sus trabajadores». Aseguran, tal y como recogen en un comunicado, «que todo el personal ha actuado siempre correctamente, de acuerdo con los recursos con los que se contaba y los protocolos existentes». Por eso, añaden, consideran que la querella presentada contra la dirección también va contra ellos y creen que es «injustificada». La dirección, anotan, siempre se guió por las directrices del Servicio Extremeño de Salud (SES) y del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).
Aseguran, además, que lo ocurrido durante la pandemia no fue algo que afectó en exclusiva a este geriátrico, sino que es un «problema de todo el mundo». Y añaden que los residentes son «ancianos afectados con pluripatologías, con una edad media de 88 años, grandes dependientes que precisan atención continuada en todas las actividades de la vida diaria y con grandes cargas sanitarias».
Quieren mostrar su apoyo a la directora, que deberá prestar declaración en el juzgado como investigada el próximo mes de diciembre. «El centro ha estado gestionado desde el año 1983 por la actual dirección, siendo siempre un centro de referencia para toda Extremadura y a nivel nacional», insisten. Y lamentan la forma en la que se les ha tratado: «Nos han llegado a llamar la residencia de la muerte y tildar de genocidas. Entendemos la libertad de expresión pero no las calumnias y el acoso al que nos hemos visto sometidos», afirman.
«Queremos transmitir a la ciudadanía que nos queda la tranquilidad de haber sido verdaderos profesionales con nuestros mayores, dándoles cariño y acompañándolos y de haber sido esa mano en sus últimos momentos. Nos hemos dejado la piel y aún hay compañeros que arrastran secuelas. Somos una gran familia con un gran abanico de profesionales valientes», concluyen.
