La asociación de hosteleros de la plaza Mayor se moviliza contra la tasa que el ayuntamiento quiere imponerles por la actividad de los relaciones públicas y los carteles publicitarios fuera de sus fachadas. La guerra de las terrazas ha provocado un cruce de denuncias entre los propios empresarios hasta el punto de que un grupo de ellos se ha constituido en una plataforma para defender sus intereses.

Estos hosteleros, agrupados en la denominada Asociación de Empresarios de Hostelería de la Plaza Mayor, tienen previsto reunirse a lo largo de esta semana para tomar medidas en respuesta a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.

Tras las denuncias que unos han interpuesto contra otros, el ayuntamiento ha decidido tomar cartas en el asunto y gravar con 70 euros mensuales, como aseguran empresarios que les informó la policía local, por cada cartel publicitario en la vía pública, además del abono del mismo importe al mes por tener relaciones públicas fuera de la terraza, ya sea entregando folletos o de forma verbal. Tal y como contempla el artículo 50 de la norma, el reparto de propaganda solo se autorizará para que se efectúe delante del local que se anuncia, el cual se responsabilizará de mantener limpias de propaganda las aceras y las calzada del entorno visual publicitario.

La raíz de la medida tiene su origen en el conflicto entre locales por los relaciones públicas que buscan captar clientes. La decisión no gustó a los hosteleros al conocer el pasado 8 de agosto, que se les cargaría una tasa por cada cartel anunciador fuera de la fachada del establecimiento, que obliga a pagar un importe de 70 euros.

En el escrito hecho público por el gobierno municipal se establece que la solicitud de autorización, así como el abono serán exigidos a los empresarios tendrá carácter previo a la colocación de los carteles.

Además, les comunica que se iniciarán las actuaciones de recaudación de la cantidad si, tras una denuncia, la policía local confirmara los hechos denunciados con la identificación de los establecimientos responsables. Quienes incumplan la normativa tendrán que abonar la cuota, además de pagar una sanción económica no cuantificada.

Empresarios consultados manifestaron su oposición a esta medida al considerarla "abusiva".