Las secciones territoriales de las asociación de jueces y magistrados han solicitado el aplazamiento de la implantación en Cáceres de la Nueva Oficina Judicial (NOJ). Esto es algo que han venido pidiendo, sin conseguirlo, los jueces y magistrados de la ciudad, pero ante su ya inminente puesta en marcha, prevista para el próximo 9 de febrero, lo reiteran sus asociaciones profesionales --la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI) y Jueces para la Democracia (JpD)--.
Estas solicitan de forma oficial y conjunta al Ministerio de Justicia "la suspensión de su implantación en esta ciudad al menos tres meses, tiempo que consideramos prudencial --hacen constar-- para solventar la mayoría de los problemas que se están detectando" en las oficinas ya implantadas en otras ciudades, como Burgos y Murcia.
Su implantación en Burgos y Murcia, advierten, "ha generado graves problemas", como "la insuficiente dotación de personal" de las Unidades de Apoyo Directo al Juez (UPAD), "que ha creado un cuello de botellas que paraliza la tramitación y resolución de procedimientos". Destacan también, por los problemas detectados, la Agenda Programada de Señalamientos, "herramienta esencial para la celebración de juicios y vistas que aún no funciona de una forma mínimamente eficaz", como "tampoco lo está haciendo el expediente digital --la sustitución del papel físico por archivos informáticos-- sobre el que se sustenta el diseño de la nueva oficina".
Para las asociaciones de jueces y magistrados "estas experiencias adversas no pueden obviarse", y ante ellas consideran necesario "corregir las disfunciones que han puesto de manifiesto estas experiencias piloto antes de seguir con la implantación de la NOJ en otras localidades, como está previsto en Cáceres".
Por ello piden su aplazamiento, advirtiendo que de continuarse con el programa de implantación sin corregir previamente estas deficiencias, "empeorará la calidad del servicio prestado a los ciudadanos, y ello será imputable exclusivamente al Ministerio de Justicia".
