Las casetas y naves medio en ruinas de las antiguas instalaciones de Campsa en la carretera de Mérida se están convirtiendo en un auténtico problema para el ayuntamiento por el cobijo que ofrecen a toxicómanos, indigentes y chabolistas. Por eso se prevé solicitar a la familia Pitarch, propietaria del recinto, que derribe las edificaciones.

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) dispone de cuatro informes de la policía local, los servicios sociales, de infraestructura y técnicos que instan al derribo de estas dependencias hasta que se resuelva el futuro urbanístico del solar, pendiente de la aprobación del plan de urbanismo. La concejala de este área, Marcelina Elviro, explicó ayer a este diario que es su intención elevar a la Junta Municipal de Gobierno la solicitud de la demolición.

Los últimos acontecimientos ocurridos en la zona justificarían esta necesidad. La policía local informaba ayer, por ejemplo, de un enganche fraudulento al tendido eléctrico general para suministrar de luz a una de las casetas, un hecho que ya se produjo el pasado mes de marzo. También, un incendio a principios de verano en el interior de otra edificación o el asesinato en junio del 2007 de un indigente a manos de otro indigente que vivían en el recinto.

CHABOLISMO Elviro teme que se produzcan asentamientos chabolistas en el recinto. No en vano, una familia con cuatro niños ha utilizado uno de estos edificios como vivienda durante meses tras ser desalojada hace por la Junta de Extremadura de un piso social de Aldea Moret que ocupaba ilegalmente. El ayuntamiento ha promovido su realojo por las "condiciones lamentables" en las que estaban viviendo los pequeños. "Humanamente no podíamos permitir la situación", valoró la edil.

La familia ha recibido la adjudicación de una vivienda social. A cambio, la familia ha tenido que suscribir una serie de compromisos con la administración. Entre ellos, que los niños sean escolarizados y no falten a clase cuando estas comiencen o cuidar los espacios comunes del edificio donde se les ha realojado. El IMAS hará un seguimiento a la familia.

El temor ahora es que otras familias acampen en las instalaciones de Campsa. De hecho, desde hace varios días puede verse de nuevo a un grupo de personas entrando y saliendo de forma continua de una de las casetas.