Atento, la filial de Telefónica especializada en el servicio de atención telefónica, dejó de operar el pasado viernes en Cáceres, lo que ha supuesto el despido de los 97 trabajadores del servicio 1003. A pesar de ello, la compañía mantendrá operativa su plataforma en la región e intentará buscar una salida laboral para los afectados por el cierre. La idea es ampliar algunos de las prestaciones que siguen operativas en Cáceres, como el Centro de Atención de ADSL o la telegestión de servicios de Telefónica.

El objetivo de Atento es tratar de mantener en Cáceres el mayor número de puestos de trabajo posible, sobre todo por el impacto social de esta medida. Fuentes sindicales aseguran que el acuerdo inicial con la empresa sólo garantizaría la cobertura para 70 de los trabajadores despedidos, "de los que algunos ya han empezado cursos formativos para adaptarse a las nuevas tareas", aseguran.

POSTURAS CONTRAPUESTAS

La filial de Telefónica ha justificado el recorte de efectivos por la reducción en un 30 por ciento del tráfico de llamadas del servicio 1003 en los últimos meses de 2002 y primeros meses de este año. De igual manera, Atento mantiene que esta tendencia a la baja se incrementará a partir del 4 de abril, dado que el sector de los directorios telefónicos funcionará en un marco de liberalización que hace prever un descenso adicional del tráfico de llamadas por la entrada de nuevos operadores con el servicio 11818 y la automatización que se irá implantando para reducir costes.

Este argumento no es válido para los sindicatos, que mantienen que la reducción del servicio responde a una cuestión de rentabilidad empresarial, al desviar la actividad a zonas --caso de Marruecos-- donde el coste de la mano de obra es más barata. "La política seguida por Telefónica y sus filiales no garantiza la estabilidad en el empleo y este cierre responde a una cuestión de costes".

En ese sentido, los representantes sindicales mantienen que no ha existido una reducción del nivel de llamadas ni del volumen de actividad, por lo que consideran que la supresión del 1003 en Cáceres y Madrid es el resultado de una estrategia empresarial.

La plataforma de Cáceres fue inaugurada en julio del 2000, en un acto al que asistió el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Además de en España, el grupo desarrolla actividades en países como Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, México, Japón, El Salvador, Guatemala y Marruecos.