La Audiencia Provincial reanuda la celebración de juicios. Serán un total de 15 las personas que en las próximas cuatro semanas serán juzgadas en las cinco vistas orales para las que ya se han señalado fechas de celebración.

Estas, tras el 'parón' motivado por el periodo de vacaciones estivales, se reanudarán el próximo martes, día 13, con el enjuiciamiento de un caso de lesiones. En el banquillo de los acusados se sentará J. P. P. H., al que se acusa de agredir de forma brutal a quien sorprendió dentro de su coche en mayo del 2009, y que se enfrenta a 5 años de prisión, por un delito de lesiones, con la agravante de pérdida de órgano no principal --a la víctima fue necesario extirparle el bazo tras la agresión-- que le imputa el fiscal.

Seis días después, el lunes 19, serán juzgados J. C. S. y J. C. G., padre e hijo a los que se acusa de un delito continuado de apropiación indebida --presuntamente se apoderaron de algo más de 268.000 euros de la sociedad de gananciales que el primero tenía con su esposa, madre del segundo--. Para J. C. S. pide el fiscal 4 años y 9 meses de prisión, mientras que para su hijo pide la absolución.

A la semana siguiente, el martes 27, se sentará en el banquillo de los acusados C. C., que habrá de responder de tres delitos --detención ilegal, agresión sexual y lesiones-- que presuntamente cometió en junio del año pasado en la persona de una chica con síndrome de down, y por los que se enfrenta a 11 años de prisión.

Y para la primera semana de octubre se han fijado dos vistas orales, la primera de ella, el martes día 4, un macrojuicio en el que serán juzgados 11 presuntos miembros de una red organizada de tráfico de drogas que operaba desde Valverde del Fresno y que fueron detenidos en junio del 2009. Ocho de ellos, siete miembros de una misma familia, se enfrentan, cada uno, a 9 años de prisión y multa de 180.000 euros; mientras que para un matrimonio que colaboraba con los anteriores el fiscal pide, para cada uno, 3 años de cárcel y 20.000 euros de multa; y para otro presunto colaborador, residente en Fuenlabrada, pide 5 años de prisión y 1.900 euros de multa.

Y dos días después se juzgará, por presuntos delitos de falsedad en documento oficial y continuado de apropiación indebida, por los que se enfrenta a 11 años de cárcel, a un cacereño al que se acusa de haber sustraido diversas cantidades de dinero, falsificando documentos, a sus socios de la empresa de compraventa de vehículos, que además eran sus cuñados.