Este diario lo comprobó in situ . A las doce de la mañana del pasado viernes podían contarse hasta diez vehículos aparcados en las inmediaciones de una gran superficie comercial, concretamente en la calle Londres, con sus lunas y ventanas llenas de carteles que anunciaban su venta. Un Kia Shuma, un Renault 11, un Ford Escort, un Peugeot 205, un Range Rover, un Nissan, un Mercedes 300, un Mercedes 250, una Renault Kangoo y una Opel Movano ocupaban varios estacionamientos detallando los teléfonos de contacto, los precios negociables y sus prestaciones (´motor 16 válvulas´ , ´airbags´ , ´aire acondicionado´ ...).

"Suelen ser particulares que ponen sus coches a la venta de este modo para intentar llevarse el máximo beneficio posible, sin ningún control. Quizás existan incluso negocios organizados", explica Valentín Liberal, empresario con 22 años dedicados a la venta de vehículos de segunda mano y presidente de la Asociación del Sector de Automoción de Cáceres. Aunque esta práctica no es ni mucho menos nueva (de hecho el gremio la ha denunciado en anteriores ocasiones), se ha disparado con la crisis. Además, se trata de una competencia desleal que afecta a los negocios legales más que nunca, puesto que han sufrido hasta un 50% de caída en su actividad.

NI IMPUESTOS NI CONTROL "Nosotros debemos contar con un local propio o alquilado, mantenerlo con todos sus gastos y pagar impuestos, tasas y seguros", explica Valentín Liberal. "Además, tenemos que entregar los coches con un año de garantía, lo que nos obliga a revisarlos a fondo y ponerlos a punto, y certificamos los kilómetros", agrega. Sin embargo, la venta en la calle no cumple con ninguno de estos requisitos: las dos partes acuerdan un precio y se ahorran todo lo demás, "claro que los vehículos no pasan por ningún control", precisa el empresario.

Pero existen más problemas. La venta callejera ocupa estacionamientos "que todos los ciudadanos pagamos", recuerda Valentín Liberal. Además, suelen aparcar en zonas de mucho tránsito, especialmente junto a las grandes superficies y los locales de venta de coches de segunda mano. "Los más descarados dejan el vehículo con los carteles casi en mi puerta", lamenta.

A todo ello se suma el fuerte descenso de las ventas del sector, que carece de ayudas estatales y que tiene una financiación más limitada (no es posible en coches con más de diez años). Por estas razones, la asociación solicita una ordenanza similar a las de otros municipios de Extremadura y del país, donde esta práctica se considera una venta ambulante ilegal y se multa. El colectivo pretende solicitar una reunión con la alcaldesa al respecto.