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El Ayuntamiento de Cáceres ha abierto expediente sancionador a 10 locales de copas de la movida nocturna porque no cumplen la normativa que marca la Junta de Extremadura, según confirmó ayer a este periódico el concejal de Seguridad Ciudadana, Santos Parra. Aunque no precisó el nombre de los bares, sí indicó que todos se encuentran en el área de la plaza Mayor y La Madrila.

También explicó que estos expedientes se han iniciado por diversos motivos. Algunos de ellos podrían derivar en cierres temporales de locales, otros son multas por exceso de ruido o por incumplimientos de horario.

De los 10 procesos iniciados, tres se han dirigido a la Consejería de Sanidad porque, en todos esos casos, los establecimientos "no cumplen con las condiciones mínimas de ornato, limpieza y salubridad", dijo Parra.

El concejal matizó que la mayoría de los expedientes se han abierto contra bares de La Madrila y que sólo dos están en la plaza Mayor. Subrayó que "el ayuntamiento está actuando y denunciando, y hasta que no acabemos con el ruido no cejaremos en nuestro empeño".

En este sentido, adelantó que el ayuntamiento ha adquirido un analizador sonómetro, un modelo nuevo, al que "obliga la Junta de Extremadura". El concejal comentó que las mediciones se realizan en los bares y que es intención municipal controlar el conjunto de los locales.

A LAS SEIS Santos Parra aclaró que los bares de La Madrila y de la plaza "están respetando muy bien el horario de cierre, pero el problema es la reapertura a las seis de la mañana". Este tipo de locales están incluidos en la denominada categoría C, por la que se rigen cafés, bares, cafeterías y restaurantes. La legislación de la Junta dice que en estos casos los establecimientos pueden abrir cuatro horas después del cierre.

En base a este apartado de la ley de 16 de septiembre de 1996, los bares cierran en invierno, y en fin de semana, a las dos y reabren a las seis. Entre tres y cuatro bares de la plaza de Albatros se han acogido a esta opción.

Precisamente, y sobre este asunto, la Asociación de Vecinos de La Madrila envió en el 2003 un escrito a la Consejería de Presidencia interesándose por la normativa. El 9 de octubre de ese año, el director general de Protección Civil, Interior y Espectáculos Públicos aclaró que en esos casos se produce "una falta de correspondencia entre la licencia concedida y la actividad realmente realizada, que constituye un fraude de ley en la concesión y utilización de la licencia municipal, que debe controlar y corregir el ayuntamiento, puesto que es competencia municipal la concesión de licencias".