Un dispositivo de 20 agentes de la Policía Local y Nacional blindó ayer por la noche la plaza de Albatros para prevenir incidentes. La primera medida que se llevó a cabo fue cortar al tráfico la Madrila Baja desde las 19.00 horas (el desvío se hacía desde la calle Santa Teresa de Jesús). Al cierre de esta edición no había comenzado aún la fiesta, que tenía autorización entre las 23.00 y las 00.10 horas. En ese tiempo estaba previsto el desarrollo de una actividad que terminaría con las campanadas adelantadas. Para ello en la plaza de Albatros se montó una pantalla gigante y un proyector y se instalaron sistemas de reproducción sonora. La fiesta no supondrá un gasto extra al ayuntamiento ya que el dispositivo se organizó con los agentes que trabajaban por turno.
La idea parte de cinco hosteleros de La Madrila, que ayer aseguraban que su objetivo es mantener al público en la calle el menor tiempo posible. De hecho, después de las doce y tras haber tomado doce gominolas (se repartieron golosinas en lugar de uvas), cada establecimiento iba a invitar a una copa de cava a los asistentes dentro del local, con la finalidad de desalojar de la plaza al mayor número de personas. «Va a ser un jueves normal y estamos convencidos de que las campanadas van a hacer menos ruido que si suenan las doce campanadas en las iglesias cualquier noche», asegura uno de los organizadores.
PROHIBIDO EL BOTELLÓN / Con las personas que decidan permanecer en la vía pública poco se podrá hacer porque, tal y como ya advirtió el propio ayuntamiento, la policía no puede echar a nadie de la calle. No se permitirá, no obstante, el consumo de bebidas alcohólicas en la calle en ningún momento, ni siquiera durante las campanadas.
Precisamente esto es lo que preocupa a la Policía Local. Tal y como adelantó ayer este diario fuentes municipales confirman que los agentes pusieron reparos a la celebración de esta fiesta cuando se autorizó. Advirtieron de que el espacio no cumple las medidas de seguridad que requiere un evento de estas características, sobre todo en el caso de que la fiesta fuera multitudinaria. Ayer ni el ayuntamiento, ni la policía ni los propios organizadores tenían una previsión de afluencia, aunque en otros eventos de estas características celebrados en la ciudad en el recinto ferial se han llegado a congregar entre 3.000 y 4.000 personas.
¿EL RETO? DESALOJAR LA PLAZA / Para los agentes el mayor problema será conseguir vaciar la plaza de Albatros una vez que terminen las doce ‘uvas’ sobre todo porque, en el caso de que la cita reúna a miles de personas, los locales no tienen aforo para acoger a todos los asistentes. Los hosteleros advierten además de que, debido a que la Junta de Extremadura no ha dado luz verde a ampliar el horario este fin de semana (sí podrán hacerlo durante el periodo navideño que comienza la semana que viene), cabe la posibilidad de que los jóvenes se agolpen en la Madrila Baja una vez que cierren los locales, a las cuatro de la madrugada. La policía vigilará expresamente que se cumpla el horario de clausura.
Los vecinos se muestran molestos con la decisión del ayuntamiento de autorizar la fiesta en La Madrila. Se da la circunstancia además de que ellos celebraron ayer sus tradicionales migas navideñas en la sede vecinal. El presidente del colectivo, Miguel Salazar, volvió advertir ayer que, si la fiesta provoca molestias, acudirán a los tribunales: «Nos han hecho un desprecio. Han pensado ‘como les hemos metido en la cárcel vamos a meter allí más ruido», afirma Salazar.
Y recuerda que desde hace un mes vuelven a «incumplirse los horarios de cierre» y han regresado los ruidos y los altercados a la zona de copas (el pasado fin de semana rompieron papeleras y ya se han denunciado destrozos en coches). «Ahora que empezábamos a vivir volvemos a las andadas y es el ayuntamiento el que lo provoca, que son los que tienen que velar por el orden y la convivencia de los ciudadanos», añade Salazar. Insiste en que los vecinos no van a permitir más fiestas como esta en La Madrila y propone que cada año se festejen en una plaza diferente de la ciudad. Las comunidades de propietarios de la zona ya han puesto el asunto en manos de un abogado.
