La Comisión Municipal de Hacienda volverá a reunirse la próxima semana para estudiar qué cambios se introducen en las ordenanzas fiscales para ajustar su contenido a la reforma de la legislación de Haciendas Locales. La primera reunión se celebró el pasado jueves, y solamente se abordó la aplicación de las bonificaciones en el IBI recogidas en la reforma y que ha solicitado la asociación de familias numerosas. El edil de Hacienda, Juan del Pozo, confirmó que lo prioritario son las bonificaciones, un asunto que "nos corre prisa", afirmó.

La última modificación sustancial de las ordenanzas fiscales de Cáceres se produjo en 1999, y entró en vigor en el 2000, un año después de las últimas elecciones locales. Pero ahora la variación de una normativa que condiciona lo que paga el ciudadano por los impuestos se plantea a solo cuatro meses de unas elecciones, y el ayuntamiento tiene hasta el 1 de abril para la aprobación de cambios en la ordenanza fiscal.

El gobierno local se enfrenta a una disyuntiva: pierde ingresos por una bonificación que sólo beneficia a un colectivo y los recupera con una variación al alza del tipo impositivo del IBI, una decisión impopular en época preelectoral, o se limita a aplicar la bonificación y no toca el tipo para el resto de contribuyentes, alterando la previsión de la recaudación por el IBI que aparece en los presupuestos municipales del 2003.

Lo más razonable sería actualizar los tipos impositivos, dado que Cáceres es una de las ciudades donde menos se paga por tributos locales, y la aplicación de nuevas fuentes de ingresos que recoge la reforma de la ley, como gravar con un 50% más en el IBI a dueños de pisos vacíos o extender la tasa por uso de la vía pública a entidades que emplean redes ajenas para suministros. Pero es difícil que el gobierno tome una decisión que puede quitarle votos y que choca con un lema electoral del PP: menos impuestos.

OTRO TIPO DE BONIFICACIONES

Pero la rebaja en el IBI que abonan las familias numerosas, que puede ser de hasta el 90%, no es la única que podría aplicarse si se solicita al ayuntamiento, al que, por ahora, sólo se ha dirigido el colectivo de familias numerosas. La reforma de la ley también incrementa el tope máximo de las bonificaciones para los vehículos poco contaminantes y habilita a los ayuntamientos para establecer bonificaciones a favor de las construcciones que contribuyan al uso de la energía solar y a la promoción de pisos protegidos.