El Ayuntamiento de Cáceres ha decidido archivar el caso del expediente a los policías que se negaron a usar sus motos en diciembre del año pasado. Ahora solo queda pendiente la causa judicial que decidirá si los agentes fueron o no amenazados por su jefe para utilizar sus vehículos. Esa fue la respuesta del concejal de Movilidad Urbana, Valentín Pacheco, al ser preguntado por este diario sobre el estado del supuesto castigo a los policías.

Tras el incidente, el ayuntamiento nombró a una funcionaria como instructora para que elaborara un informe con la información necesaria para decidir si los agentes habían incurrido o no en algún delito. Parece ser que finalmente el gobierno municipal ha decidido no expedientarlos y dejar pasar lo sucedido.

Los policías locales se enfrentaban a un delito administrativo por negarse durante más de un mes (entre diciembre del 2010 y enero del 2011) a subirse a las motos del cuerpo porque, según decían, no estaban homologadas ni habían pasado la ITV. Según establece la ley orgánica 4/2010 de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que regula las sanciones disciplinarias de los policías locales, estos se enfrentaban a penas que van desde la suspensión de funciones de uno a cuatro días hasta la separación total del servicio.

Sin embargo, los agentes alegaron que en ese tiempo en que no utilizaron los vehículos, no dejaron de realizar su trabajo, ya que llevaban a cabo los servicios a pie o en los coches patrullas que les fueran asignados. Los agentes se negaron a coger las motos porque los luminosos no estaban adaptados a la nueva ley regional. En enero las motos aprobaron la ITV y los motoristas volvieron a subirse a sus vehículos, que siguen utilizándose a día de hoy.

DENUNCIAS

El asunto no quedó ahí, sino que además seis agentes denunciaron al jefe de la policía local por coacciones y amenazas al obligarles, según explicaron, a patrullar "sin las pertinentes revisiones". Le acusaban también de obligarles a patrullar a pie y de ser objeto de mensajes intimidatorios. Esto último es lo único que queda pendiente y que está en manos de los juzgados.