El ayuntamiento ejercerá acciones judiciales contra la Junta para reclamar el pago de su deuda de IBI. Antes de acudir a la jurisdicción contenciosa hará un requerimiento para que atienda su reclamación. Mérida tiene un mes para responder desde el momento que lo reciba. Hace casi un año que el gobierno local se planteó la posibilidad de acudir al juzgado. Ayer esa pretensión se formalizó con un dictamen de la comisión de Economía, que se pronuncia después de que el organismo de recaudación (Oargt) de la diputación ha acreditado que ha hecho todas las actuaciones para pedir el pago a la Junta.

La cantidad que se reclama no está actualizada, ni por el ayuntamiento, que apoya su demanda en un cálculo que de la deuda realizó el organismo de recaudación hace casi un año y en el que se cifró en 3,8 millones las cuotas del periodo 1996-2015, ni por la Junta, ya que desde el gabinete de prensa de la Consejería de Hacienda se remitió ayer al organismo de recaudación para certificar si son 3,8 millones.

La gerencia del organismo, que se encarga de la gestión de la recaudación de tributos del consistorio, cifró en 3.887.232 euros la deuda. Esa fue la cantidad que se presentó a la junta de gobierno del ayuntamiento del 14 de octubre de 2015, primera en la que se planteó ir a la vía contenciosa. A esta cifra hay que restar lo que se haya podido pagar los últimos meses y lo prescrito y sumar la deuda de 2016, dado que el cobro del IBI de este año está en fase ejecutiva al acabar en julio el plazo voluntario.

PRESCRIPCION Y EMBARGO En cuanto a la deuda prescrita, el organismo de recaudación considera que la anterior al año 2003 no se puede cobrar, son 311.736 euros. El débito que queda pendiente del periodo 2003-2015 asciende a 3.575.485 euros.

Al dictamen de ayer se llega tras desavenencias entre el organismo de recaudación y el ayuntamiento sobre si se ha cumplido todo el procedimiento para el cobro de la deuda. En su última respuesta al consistorio, del 21 de julio, el organismo insiste en que no puede embargar bienes de la Junta y por tanto da por finalizada su labor para reclamar el cobro, "se han realizado cuantas actuaciones eran legalmente viables", sostiene. El organismo hace dos consideraciones, una referida a la ley general presupuestaria, con las que afirma que no se pueden hacer acciones que comprendan el embargo de bienes y derechos de la Junta.

Este criterio no lo comparte el ayuntamiento, ya que en informes de la secretaría general se argumenta que hay jurisprudencia que declara "que el dinero en metálico que disponen las administraciones en sus cuentas es embargable". La tesorería municipal también defiende que hay bienes de la administración que se pueden embargar.

El dictamen de ayer de la comisión tendrá que ser ratificado por el pleno de la corporación local. En el orden del día de la reunión que este órgano mantendrá el jueves no está, por lo que, salvo que se incluya por urgencia, la Junta recibirá el requerimiento del ayuntamiento a partir de mediados de octubre, cuando se vuelve a reunir el pleno. No hay un compromiso de que en este tiempo la Junta vaya a afrontar el pago para evitar la vía contenciosa. "La predisposición de la Junta es pagar la deuda en la medida que sea posible y siempre que la tesorería lo permita", se aseguró ayer desde el gabinete de prensa de Hacienda.

También desde el gabinete de prensa, en este caso del ayuntamiento, se aseguró que desde el gobierno local "se resalta" que esta deuda "debe ser satisfecha cuanto antes" porque la Junta tiene la obligación de afrontarla y su impago es "un agravio comparativo con el resto de ciudadanos". Y añadió que el requerimiento "es un paso previo" a las acciones judiciales a interponer si la Junta no satisface la deuda.

El portavoz del grupo socialista, Luis Salaya, calificó de "irresponsable" que se pretenda ir a la vía judicial sin que antes se entable una negociación con la Junta, además criticó que detrás de esta decisión del gobierno local también hay "un interés partidista" y de búsqueda de "un enfrentamiento" con la Junta al estar gobernada por el PSOE y estar el PP al frente del consistorio. El PSOE se abstuvo en la comisión, entre otros motivos porque no se aportó el listado de bienes que generan la deuda ni el informe de la intervención local.

También se abstuvo el grupo de CACeresTú. Su concejal Ildefonso Calvo explicó que en el expediente que se llevó a la comisión de ayer "no se especifica de dónde viene esa deuda y a qué inmuebles corresponde". La decisión que CACeresTú tomará sobre este asunto en el pleno saldrá de su asamblea local.

El grupo municipal de Ciudadanos votó a favor. "La Junta tiene una deuda y estamos obligados a reclamarla", indicó su portavoz, Cayetano Polo, que consideró que es "incomprensible" que el criterio del organismo de recaudación sea que no se puedan embargar las cuentas corrientes de la Junta cuando sí se embargan las de los particulares.

Entre los bienes que generan la deuda del IBI hay viviendas sociales que son propiedad de la Junta, además de edificios destinados a usos sanitarios y administrativos, según precisó ayer la Consejería de Hacienda.

DEUDA CON VECTALIA DE 2013 En la comisión de ayer también se dictaminó a favor del reconocimiento de una deuda de 2013 por importe de 40.854 euros. Esta cantidad se debe a una empresa del grupo Vectalia, el mismo que gestiona el autobús urbano. Los tres partidos de la oposición municipal criticaron que el gobierno haya llevado ahora para su reconocimiento una deuda de hace tres años.