El Consejo Consultivo de Extremadura decidió en uno de sus últimos dictámenes, de fecha 23 de diciembre, la anulación de la compensación de deudas por importe de 416.121 euros entre el ayuntamiento y Mego que se acordó en una resolución de la alcaldía de 18 de mayo de 2012. En el dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura se precisa que su contenido no solamente es preceptivo, sino que también es vinculante. El ayuntamiento tendrá que aportar ahora esos 416.121 euros al concurso de acreedores de Mego y los podrá recuperar cuando le toque cobrar dentro del procedimiento concursal. Antes que el consistorio tiene prioridad el Santander.

El ayuntamiento adeudaba a Mego 1.792.183 euros de una expropiación de terreno en la zona de la ronda de San Francisco, enfrente de la sede de los juzgados. El 18 de mayo de 2012, cuando se firmó la resolución, la empresa tenía a su vez deudas con el ayuntamiento de tributos municipales, del IBI y del impuesto de plusvalía, razón por la que se decidió una compensación de deudas por valor de 416.121 euros. Pero el terreno objeto de la expropiación estaba a su vez hipotecado, había un crédito a favor del Banco Santander.

El Consejo Consultivo de Extremadura tenía que decidir en su dictamen sobre si es procedente acordar la revisión o no de oficio de la resolución y si adolecía de nulidad de pleno derecho. Su conclusión es que procede declarar la nulidad de pleno derecho de la resolución de la alcaldía. La solicitud de dictamen fue a iniciativa de la técnico de gestión de tesorería del ayuntamiento cacereño, según se precisa en el acuerdo del consejo.

El Consejo Consultivo de Extremadura considera que la resolución de la alcaldía de mayo de 2012 es nula porque no tuvo en cuenta al acreedor hipotecario, al Banco Santander, "en cuanto titular de un derecho" sobre el pago del justiprecio de la expropiación. Para el Consejo Consultivo "resulta inexcusable la precipitación con que actuó el consistorio" para reconocer a Mego "un crédito dimanante de la expropiación" para poder autorizar la compensación de deudas.

Uno de los informes en los que se basa el consejo para su conclusión es el que emitió el vicesecretario primero del ayuntamiento el 25 de julio de 2015, en el que afirma que la resolución de la alcaldía "es nula de pleno derecho por la omisión de un trámite esencial previsto legalmente, cual es la no citación a la entidad financiera al acto de pago --de parte del justiprecio--", ya que es "titular de un derecho real de hipoteca, inscrito en el registro de la propiedad".

Es decir, el ayuntamiento no podía compensar deuda con Mego porque antes que ella la que tenía un derecho sobre el cobro del justiprecio de la expropiación era la entidad financiera. Antes de la compensación de 416.121 euros con la empresa Mego, se tenía que haber contado con el Banco Santander.

FUNDAMENTOS En el dictamen del Consejo Consultivo se añade que "no puede admitirse como justificación de la omisión" de haber contado con anterioridad con el Santander que éste no hubiese comunicado la existencia de sus derechos sobre el terreno expropiado. "Es a la administración a la que le corresponde comprobar la titularidad de los bienes objeto de expropiación y de los derechos reales que recaigan sobre los mismos", precisa el consejo, que añade en su dictamen: "Es decir, la causa de la omisión del trámite procedimental indicado fue la negligencia de la propia administración, que no solicitó certificación de dominio y cargas al registro de la propiedad ante de incoar el expediente expropiatorio ni en la fase de pago del justiprecio".

El ayuntamiento ya ha aportado al concurso de acreedores de Mego el resto de la deuda que tenía con la empresa por la expropiación (casi 1,4 millones). A esta cantidad tendrá que añadir los 416.121 euros que se compensaron con Mego en 2012. El dinero se perderá ahora, pero se podrá recuperar cuando dentro de la liquidación de los bienes de Mego le toque cobrar al ayuntamiento por la deuda tributaria.

El justiprecio de la expropiación del suelo (destinado al viario de conexión entre la avenida de la Hispanidad y la ronda este) se acordó por el jurado autonómico de valoraciones después de que empresa y ayuntamiento no llegasen a un acuerdo. Mego presentó una estimación del coste del suelo de 3,6 millones, mientras que la del consistorio fue de 1,5.