la principal deuda del Ayuntamiento de Cáceres es la que se tiene con diputación por el servicio de bomberos. Solo está por encima la de las operaciones de crédito cuyo principal se paga durante los años de amortización concertados. La de los bomberos es la primera una vez que se ha desestimado la demanda de 9 millones de Acciona, aunque aún queda la resolución del recurso de apelación, y después de que ya supera a la de las expropiaciones, que han sido la principal remora para las cuentas de la ciudad en los últimos quince años. Por eso cobra importancia el nuevo recurso administrativo que ha presentado el ayuntamiento contra la reclamación por diputación de 810.296 euros de una liquidación complementaria del servicio de bomberos de los ejercicios de 2014 y 2015.

La deuda del consistorio con diputación por los bomberos se desglosa en tres grandes cantidades. La primera son 6.658.346 euros que se pagarán en diez años y que corresponden a débitos del periodo 1988-2014. La segunda son 997.975 euros de la anualidad de 2016 que a fecha del pasado 23 de noviembre todavía no se habían abonado, según informó la diputación ese día. Y la tercera son los 810.296 euros de la liquidación complementaria.

En la segunda y en la tercera hay controversia entre las dos administraciones. El problema de la anualidad de 2016 es que el ayuntamiento ha denunciado que la diputación incrementó unilateralmente la cuota en 482.587 euros al pasar de 1.415.379 en 2015 a 1.897.975 euros en 2016.

La tercera cantidad, la de la liquidación complementaria de los ejercicios de 2014 y 2015, terminará en los tribunales si no hay un acuerdo antes. La primera razón que da el ayuntamiento para oponerse a su pago es que las diferencias de interpretación del convenio entre las dos administraciones para financiar el servicio de bomberos se tienen que dirimir en la comisión paritaria de seguimiento que se establece en el acuerdo. La queja del consistorio es que diputación ha hecho una interpretación unilateral del convenio para reclamar 810.296 euros al ayuntamiento. Otro argumento es que la reclamación de esta cantidad es un acto nulo de pleno derecho porque se ha omitido el proceso legal.

DOS VECES POR LO MISMO / Otro de los razonamientos que expone el ayuntamiento para rechazar la liquidación complementaria es que la diputación repercute al consistorio cacereño cantidades que ya se habían incluido en la base imponible de las contribuciones especiales que se imputan a las compañías de seguros. En noviembre de 2015 se publicó el acuerdo definitivo de la ordenanza fiscal reguladora de las contribuciones especiales que establecía la institución provincial para que las compañías de seguros que desarrollan su actividad en la provincia pagasen inversiones para ampliar y mejorar el servicio de bomberos. Para 2015 se fijaba en la ordenanza una aportación de 1.023.000 euros.

En el recurso extraordinario se detallan inversiones que se imputan a dichas contribuciones especiales pero cuyo pago se pide ahora al consistorio como inversiones no individualizable (en estos casos el Ayuntamiento de Cáceres paga el 30% de las mismas). Entre estas inversiones hay adquisiciones de maquinaria y de elementos de transporte e inversiones de reposición en edificios. Es decir, según se expone en el recurso, el mismo gasto se estaría imputando a dos fuentes distintas de ingresos: las compañías de seguros con las contribuciones especiales y el ayuntamiento cacereño.

Otro gasto que el ayuntamiento denuncia en su recurso es que se le ha imputado indebidamente como coste el remanente de crédito correspondiente a la baja en la adjudicación de una obra del servicio. En este caso se estaría repercutiendo el total del coste presupuestado y no el adjudicado, que es menor por la baja presentada por el contratista. En cuanto a gastos imputados del pago de intereses y cuotas de amortización, el ayuntamiento denuncia en su recurso que se le repercute el gasto presupuestado y no el coste realmente soportado por diputación. También se ponen objeciones en el recurso a la imputación del coste de un vehículo bomba en el ejercicio de 2014 cuando se compró en 2015.