El ayuntamiento ha pedido 17,5 millones con cargo al Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda para el pago de sentencias firmes o que se prevé que lo sean en 2017. De esta cantidad hay nueve millones de resoluciones judiciales que ya se han dictado y son firmes o pendientes de recurso (al menos está consignada la cantidad reconocida por el ayuntamiento y el cálculo de intereses), mientras que los otros 8,5 millones son una estimación que se hace en previsión de la decisión que tome el juzgado de lo Contencioso ante el recurso que presentó Acciona, aunque desde el gobierno local se espera que la reclamación no prospere.

En este recurso, interpuesto hace un año, se reclama por la empresa 9 millones de la liquidación del contrato del agua a causa de, entre otros conceptos, el lucro cesante (que se calculó en 6,5 millones en un informe pericial que encargó Acciona) que se dejó de percibir y los daños emergentes (déficit tarifario, inversiones, actualizaciones salariales tras la sentencia del Supremo...).

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos debe decidir en las próximas semanas qué cantidad de los 17,5 millones autoriza a Cáceres. El ayuntamiento tendrá que suscribir una operación de crédito por importe de la cifra concedida. El préstamo se concertará a través del Instituto de Crédito Oficial. En las operaciones contratadas por otros ayuntamientos este año se ha fijado un periodo de amortización de diez años y un interés fijo equivalente al rendimiento medio de la deuda pública del Estado (que era del 1,3% anual cuando el pasado febrero se anunciaron por Hacienda las condiciones para 2016).

El ayuntamiento se adhirió a este fondo el pasado agosto, cuando estaba abierto el plazo, aunque no se ha hecho público hasta la semana pasada cuando se dieron a conocer acuerdos de la junta de gobierno del 14 de octubre en relación al pago de 1,9 millones de una resolución judicial pendiente de atender (la de los intereses de una de las expropiaciones del parque del Príncipe --los datos sobre este caso se publicaron por este diario el 14 de octubre y del 4 de noviembre-).

La deuda de expropiaciones de suelo suma cinco millones (la cantidad es 5.073.326 euros) de los nueve de sentencias dictadas. El principal débito de los procesos de obtención de suelo son los casi dos millones de los intereses del caso citado. Los otros 3 millones son de otros cinco expedientes (al menos dos están relacionados con empresas, mientras que el resto con familias y herederos de los propietarios de terrenos que se expropiaron por la administración). Los cinco millones de la deuda por expropiaciones es en su mayoría de intereses.

CONCURSO ACREEDORES BUSURSA / En los otros cuatro millones está la deuda que el ayuntamiento tiene con Busursa, la anterior empresa concesionaria del autobús. El juzgado de lo Mercantil que tramita el concurso de acreedores de Busursa, empresa que perteneció al grupo de Gerardo Díaz Ferrán, sentenció en 2013 que el ayuntamiento tenía una deuda con la empresa de autobuses de 7,9 millones. Esta resolución se recurrió y todavía estaría pendiente de resolución.

En negociaciones posteriores se reconoció por el consistorio una deuda de 3,3 millones, según informó la administración concursal. De la cantidad admitida por el consistorio ya se ha pagado una parte, en torno a 1,2 millones -se propuso al juzgado abonos mensuales de 100.000 euros-, mientras que con cargo a los 4 millones del fondo que se destinan a deuda con anteriores concesionarias se consigna el resto del débido con Busursa que admite el ayuntamiento y los intereses.