El pleno de la corporación local aprobó ayer la modificación de la ordenanza fiscal que reduce un 4% el tipo máximo del IBI urbano, que en el periodo impositivo del 2018 será del 0,72%, además recorta un 3% el del IBI rústico, que el próximo año pasará del 0,93 al 0,90%. El único que no se toca es el de los inmuebles que se destinan a usos comerciales, industriales y de restauración, que seguirá en el 0,70%. Y tampoco se ha modificado el que afecta a los bienes de carácter especial.

El acuerdo se tomó con los votos de los concejales de los grupos municipales del PP y Ciudadanos, que han sido los impulsores de la modificación. La bajada del tipo fue una de las condiciones que puso Cs al gobierno local (PP) para sentarse a negociar los presupuestos de 2018. En contra votaron los grupos municipales del PSOE y de CACeresTú, que consideran que esta rebaja impositiva no es efectiva para el contribuyente, dado que la incidencia media para muchos será de un ahorro menor a los veinte euros anuales, mientras que por contra se está reduciendo la capacidad del ayuntamiento para adoptar otro tipo de medidas ya que con la reducción del tipo impositivo del IBI se recortan en algo más de un millón de euros los ingresos del consistorio. La respuesta de PP y Cs fue que es mejor que el dinero esté «en el bolsillo del ciudadano».

La aplicación de la rebaja del IBI y la supresión de la tasa de apertura de establecimientos se compensa para equilibrar gastos e ingresos en los presupuestos de 2018 con una previsión de mayor recaudación en aquellos conceptos en los que en la liquidación del 2016, ya cerrada, y en la del 2017 se están teniendo unos ingresos por encima de los previstos, como la multas de tráfico o la tasa que se cobra por ocupación de la vía pública. En el caso del canon del agua, que paga Canal de Isabel II, la diferencia en 2018 respecto a años anteriores es que esta vez sí se cobrará íntegramente en la anualidad correspondiente, en años anteriores se tuvo que anticipar para hacer frente al pago de deuda.

El efecto de la bajada del IBI, de la supresión de la tasa de apertura de establecimientos y de la suspensión del cobro de recibos del impuesto de Plusvalía que cumplan con las condiciones del proyecto de ley de modificación de la Ley de Haciendas Locales se detalla en la ilustración de arriba, con la diferencia entre lo previsto este año, los derechos reconocidos al cierre de 2016, el último año liquidado, y la planificación para 2018. En la ilustración se hace la misma comparativa con tres de los conceptos en los que se espera una mayor previsión de ingresos para 2018.

Por otra parte, en el pleno de ayer, el portavoz del grupo municipal socialista, Luis Salaya, ofreció al gobierno local una negociación para la revisión de los valores catastrales para que se haga un cambio en el impuesto que beneficie a las rentas medias, por ser las que soportan una mayor presión fiscal, con una rebaja y que se grave más a las viviendas que tengan más de 150 metros. Salaya ofreció al gobierno sentarse a negociar el presupuesto de 2018 si se aceptaba su propuesta. La concejala de Economía, María Guardiola, declinó aceptarla durante el debate en el pleno al no ser competencia municipal la revisión del catastro y a que un cambio en el mismo traería como consecuencia un incremento de los valores catastrales.

Por otra parte, en la comisión de Economía que se celebró ayer se dictaminó la supresión de la tasa de apertura de negocios, por la que en 2016 se obtuvieron ingresos por 79.000 euros y este año se llevaban reconocidos 67.255.

Por otra parte, ya se está empezando a suspender el cobro de los recibos del impuesto de Plusvalía que cumplen con las condiciones que para ello se recogen en el proyecto de ley de modificación de la Ley de Haciendas Locales. La suspensión quedará pendiente hasta que quede definitivamente cerrada la modificación de la Ley de Haciendas Locales.