El concejal de Patrimonio, José Ramón Bello, confirmó este martes que el ayuntamiento ha hecho una consulta a la Junta y al Ministerio de Educación sobre si puede licitar la concesión demanial de parcelas municipales docentes para la construcción de colegios o centros concertados. Se trata de conocer los efectos de la ‘Ley Celaá’ sobre el urbanismo y la oferta educativa. La consulta se hace porque está en tramitación un expediente para sacar a licitación una parcela educativa que está en Nuevo Cáceres, detrás de la comisaría, un terreno por el que han mostrado interés el colegio Paideuterion para su traslado y los centros educativos Giner de los Ríos y María Auxiliadora para la construcción de un instituto de Formación Profesional.
«Estamos expectantes y a la espera», comentó Bello, que recordó que la Junta ya informó al ayuntamiento de que no estaba interesado en dicha parcela para utilizarla para un centro público. Solo a unos metros de distancia de la misma, en Casa Plata, hay otra parcela docente que lleva años sin uso, lo mismo que la de Nuevo Cáceres. Sería una concesión demanial con la que la titularidad seguiría siendo pública y el adjudicatario pagaría un canon anual al consistorio, la adjudicación se haría en base a los criterios que se fijen en los pliegos, el principal es el canon a abonar.
A Cáceres le sobra suelo dotacional de uso docente para colegios o institutos. Le sobra por el desarrollo urbanístico del periodo 1990-2010. La Junta de Extremadura, competente en Educación, necesitaría de una inversión constante en Cáceres para dotar a cada urbanización de su colegio público porque cada residencial surgido durante estas dos décadas, son más de una veintena, cuenta con su parcela educativa y parte de las mismas están sin ocupar y sin previsión de hacerlo. Si la administración educativa no las necesita y no se puede dar en concesión a los concertados, estas parcelas quedarán vacías, salvo que se les dé otro uso, en principio no podría ser lucrativo (residencial o comercial) porque son parte de las cesiones que se hace al ayuntamiento en cada urbanización para dotaciones y equipamientos (deportivos, docentes, sociales, administrativos...).
En los últimos años el procedimiento que se ha seguido es que primero se ofrece el suelo a la administración educativa para la construcción de un centro público, si ésta lo rechaza entonces se puede sacar a licitación para un centro concertado. Así en las tres últimas décadas se han trasladado el Licenciados Reunidos, el María Auxiliadora, el Nazaret y el Giner de los Ríos.
En el texto de la ‘Ley Celaá’, en su disposición adicional decimoquinta, se establece que los municipios cooperarán con las administraciones educativas en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos. Elimina de la ley anterior (LOE) el apartado de uno de los artículos que establecía que las administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional.
También establece que las administraciones educativas programen la oferta para que se garanticen plazas públicas en las diferentes áreas de influencia, especialmente en las zonas de nueva población, aunque se añade que se deberán tener en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes en el uso de los recursos públicos. La duda es qué pasará con las parcelas educativas que queden libres y no vaya a usar la administración educativa. El expediente para la licitación de la parcela del Nuevo Cáceres se inició antes de la tramitación de la ‘Ley Celaá’.
«Llevamos doce años esperando» el cambio de ubicación y la salida del centro, comentó este martes el director del Paideuterion, Pablo Cidoncha, que precisó que si este traslado no se produce la oferta del colegio se quedará a la mitad, ya se le ha retirado una de las dos líneas que tenían concertadas.
El Paideuterion es uno de los colegios tradicionales de la ciudad, cuenta con 450 alumnos . Quieren salir del centro, está en la calle Sierpes, porque la población en la zona está envejecida y no hay alumnos, además de por los problemas de acceso. Cidoncha explicó que han pedido un reunión con el ayuntamiento para conocer cómo les afectará los cambios de la ‘Ley Celaá’ a su intención de salir del centro.
