La Asociación para la Protección y Defensa de los Animales reanuda su actividad y seguirá prestando su servicio en la capital cacereña hasta el 30 de junio, seis meses más de lo previsto.

Después de que a principios de diciembre anunciara su cese por falta de medios económicos para garantizar un cuidado en condiciones de los canes, el ayuntamiento ha abierto una puerta. Ha ofrecido embolsarles semestralmente 48.000 euros para que la asociación pueda llevar a efecto el pago de salarios de cuatro trabajadores (dos a jornada completa y otros dos a tiempo parcial), que se incorporarán la próxima semana. El resto de empleados son voluntarios. "Hemos pasado unos días muy duros, no sabíamos cuál iba a ser el final de nuestros animales. Pero por fin todo ha llegado a buen puerto y estoy muy agradecida", confesó la presidenta de la perrera, Juana García.

Todo lo anterior quedó ayer plasmado en la firma del nuevo convenio entre el consistorio y la asociación. Esta actuación supone además desbloquear la deuda que el gobierno local contrae con la perrera, aún les debe 50.000 euros. "Irán pagándose poco a poco", indicó la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras. Con el convenio el ayuntamiento cederá también el uso de las instalaciones destinadas actualmente a centro zoosanitario municipal y pondrá a disposición de la asociación un vehículo adecuado con los materiales para la recogida y transporte de animales, realizará el mantenimiento de las instalaciones, y coordinará con el cuerpo de la policía local este servicio público.

OTRA PARCELA Lo que aún quedó en el aire fue la asignación de una nueva parcela para la perrera, que quedará resuelto a partir del próximo 20 de enero, cuando comenzarán las negociaciones entre ambas partes para resolver este asunto. El Instituto de Asuntos Sociales (Imas) con su titular a la cabeza, Marcelina Elviro, ultima los trámites para dotar a la protectora de una nueva ubicación, aunque todo parece indicar que la más adecuada se encuentra en las inmediaciones de El Cuartillo: "Aún no podemos decir nada porque tenemos que hablar todavía con el presidente de la diputación --institución propietaria de los terrenos--", dijo la edil Marcelina Elviro.

La perrera tiene que dejar su actual parcela (situada en las traseras de la facultad de Veterinaria) porque se trata de un espacio de uso docente propiedad de la Universidad de Extremadura, "en la actualidad se necesita otra parcela para que se convierta en un núcleo zoológico", dijo la regidora cacereña, haciendo referencia a que la actual se ha quedado pequeña.

En estos momentos la asociación se encarga de alimentar, atender en materia sanitaria y cuidar a 83 perros y seis gatos. Trabajan durante los 365 días del año en horario de mañana y tarde y su función es recoger a los animales al menos durante 20 días, como marca la legislación vigente, y darles después el destino más conveniente que "no puede ser nunca su venta", apostilló la presidenta de la protectora, Juana García Arjona.