La junta local de gobierno del ayuntamiento acordó en su reunión del pasado 15 de septiembre desistir de la vía judicial para oponerse a la deuda de 810.000 euros que desde abril de 2016 viene reclamando la diputación provincial por una liquidación extraordinario del servicio de bomberos correspondiente a los ejercicios de 2014 y 2015. Se decidió no mantener el pulso judicial tras el informe de la vicesecretaría general del consistorio que desaconsejaba seguir con el litigio porque sería difícil que prosperase la reclamación del ayuntamiento.

La misma junta local de gobierno había decidido unos meses antes acudir a la vía judicial por la inadmisión por parte de la diputación provincial del recurso extraordinario de revisión que en vía administrativa presentó el ayuntamiento, que entre los argumentos que expuso para rechazar el pago de los 810.000 euros estaba que la institución provincial repercutía al consistorio cacereño cantidades que ya se habían incluido en la base imponible de las contribuciones especiales que se imputan a las compañías de seguro que desarrollan su actividad en la provincia.

Los argumentos del ayuntamiento fueron rechazados por la diputación tanto en el recurso de reposición que presentó primero como en el extraordinario planteado después. Una de las razones por la que los servicios municipales desaconsejaron al gobierno llevar esta deuda a la vía judicial es que la interposición de una reclamación contra la desestimación de un recurso administrativo extraordinario solo es posible plantearla en determinados supuestos tasados, que en este caso no se darían.

En abril de 2016 la diputación comunicó al ayuntamiento que había efectuado una liquidación complementaria de los ejercicios de 2014 y de 2015. La misma ascendía a 810.296 euros que se sumaban al importe de la anualidad de 2014 (1.386.513 euros) y de 2015 (1.415.378 euros). Entre los gastos de la deuda extra que se reclama hay inversiones, adquisición de maquinaria y vehículos y pago de intereses y de cuotas de amortizaciones.

En mayo de 2016 el ayuntamiento presentó un recurso de reposición, que fue rechazado por la institución provincial en dos resoluciones, una de junio y otra de agosto que rectificaba errores de la primera. El ayuntamiento no fue entonces a la vía judicial, aunque en noviembre presentó un recurso administrativo extraordinario, que en febrero fue desestimado por la diputación.

ACREEDOR PRINCIPAL / La diputación es uno de los principales acreedores que tiene el ayuntamiento por la deuda del servicio de bomberos, el abono de la mayoría de este débito está regulado con un convenio que se firmó en 2015 y que permite atender el pago durante un periodo de diez años. La diferencia entre el ayuntamiento y la diputación está en los 810.000 euros de la liquidación extraordinaria de 2014 y 2015 y en una parte de la anualidad de 2016. La junta local de gobierno acordó en abril recurrir en vía judicial una reclamación de la diputación de un pago por importe de 948.000 euros del ejercicio del pasado año.

Por otra parte, en la junta de gobierno del pasado 15 de septiembre se conoció un decreto del juzgado que admitía a trámite el recurso que ha presentado Canal de Isabel II, empresa que gestiona el servicio de abastecimiento y depuración de agua, contra el acuerdo del pleno del ayuntamiento que impuso a la empresa una sanción de 113.000 euros por incumplimientos en el contrato con el ayuntamiento.