La junta local de gobierno acordó en una de sus últimas sesiones, la celebrada el pasado 28 de mayo, la ejecución de la sentencia que en parte estimó las reclamaciones del ayuntamiento frente a Induyco por la titularidad de una franja de terreno entre la fábrica textil y la carretera de Torrejón. Es un proceso que se va a resolver ahora, un año después de la firmeza de la resolución judicial y a pocos meses de que Induyco cierre su fábrica en Cáceres, la fecha anunciada es febrero de 2021, pero que si embargo tiene su origen en un acuerdo de hace 43 años y que permitió la instalación de la empresa textil del grupo de El Corte Inglés en Cáceres.

Para entender todo lo ocurrido hay que tener en cuenta tres fechas. La primera es febrero de 1977 cuando el ayuntamiento aprobó la enajenación de casi cinco hectáreas a Induyco (la venta se hizo con unas condiciones sobre puestos de trabajo que hace años que no se cumplen).

La segunda fecha es abril de 2012 cuando el ayuntamiento decide iniciar un pleito contra Induyco por la propiedad de 2.589 metros cuadrados que la empresa se atribuía. Se plantea en ese momento porque ya hay un proyecto de reparcelación de Vegas del Mocho y a esa superficie le corresponde una edificabilidad de usos lucrativos que es lo que da valor al suelo y cuyo coste se llegó a monetizar en 252.000 euros. A esos 2.589 metros cuadrados le corresponde una edificabilidad de 900 en una de las parcelas residenciales de la urbanización Vegas del Mocho.

Y la tercera es mayo y junio de 2019 cuando el Tribunal Supremo dicta los autos que desestiman los recursos presentados por la empresa y declara firme la sentencia que en junio de 2016 dictó el juzgado. Se ha tardado un año en ejecutar la sentencia desde que se declaró su firmeza.

ZONA CARRETERA / El juzgado de instancia determinó que las casi 5 hectáreas que hace 43 años compró Induyco al ayuntamiento no lindaban con la zona de dominio público y servidumbre de la Ex-390, sino con la zona de carretera (una franja de 25 metros desde el eje de la Ex-390, que ahora es la prolongación de Héroes de Baler). Por tanto el juzgado estimó en parte la reivindicación del ayuntamiento.

Lo que quiere ahora el consistorio es que Induyco pague, dado que los terrenos en disputa están ocupados por la empresa, y que lo haga en base a la edificabilidad que le corresponde al terreno como parte de los aprovechamientos urbanísticos en Vegas del Mocho. En el informe que el servicio municipal de Inventario remitió a la junta local de gobierno se recuerda como «en el proyecto de reparcelación se había incluso monetizado -252.000 euros- el aprovechamiento urbanístico correspondiente al ayuntamiento por estos terrenos que debería abonarse por Induyco» a la entidad municipal.

Esa monetarización de 252.000 euros podría variar para actualizarla y ajustarla a los derechos que el juzgado reconoce al ayuntamiento, ya que solo estima en parte la demanda municipal.