El pleno de la corporación municipal aprobó por unanimidad en febrero del año 2000 solicitar el arbitraje de Antonio Armengot, en esa fecha arquitecto jefe del Departamento de Patrimonio de Suelo y Valoraciones de la Gerencia de Urbanismo de Madrid. El laudo de Armengot y los valores que en este documento se recogen son los que están determinando los precios que el ayuntamiento está pagando por la obtención de parte de los terrenos de la ampliación del parque del Príncipe, una operación que, por ahora, le está costando a la ciudad más de veintiún millones de euros.

Esa cantidad sale de dos procesos, uno que se cerró en el 2001, por el que se permutó terreno de propiedad municipal que se valoró en 14,9 millones, y otro con una sentencia del Tribunal Supremo, del 7 de julio, que obliga al pago de 6,3 millones. Además está iniciado otro proceso de expropiación en el que los propietarios, en base al laudo de Armengot, reclaman 4,8 millones de euros de justiprecio. La sentencia del Tribunal Supremo devuelve al laudo a la actulidad, en especial debido a que este arbitraje dio al terreno verde para la ampliación del parque un aprovechamiento que doblaba el calculado por los técnicos del Ayuntamiento de Cáceres, lo que supuso que para la primeras de las operaciones de la ampliación se acabase pagando por 14,9 millones lo que los técnicos municipales valoraron en 7,6.

El ayuntamiento recurrió al arbitraje tras un dictamen adoptado en la comisión de Urbanismo del 31 de enero del 2000, debido a que no se alcanzaba un acuerdo con la promotora Promeimsa para firmar un convenio urbanístico que permitiese al consistorio la consecución de 4,4 hectáreas de suelo verde de la ampliación del parque a cambio de metros cuadrados edificables en parcelas del ayuntamiento en Rodeo, Perú y en los terrenos de la urbanización San Antonio junto a la estación.

Los técnicos del ayuntamiento planteaban una compensación de 29.757 metros cuadrados, mientras que en la propuesta de la promotora Promeimsa, que se había hecho con los terrenos de la ampliación del parque a comienzos de 1999 cuando tenían la calificación de verde, se pedían más de 50.000. Al final, con el laudo de Armengot, la compensación propuesta para las 4,4 hectáreas fue de 57.966 metros cuadrados edificables, que se repartieron, además de en el Rodeo, donde la promotora quería, en el Perú y la estación.

A PLENO En el acta de la sesión del pleno ordinario de febrero del 2000 se recoge el acuerdo unánime de la corporación municipal, entonces formada por PP, PSOE e IU, de proponer el arbitraje de Armengot. En ese acta no se especifica en qué momento y quién propone al especialista de la gerencia de Urbanismo de Madrid para hacer el laudo.

Esa unanimidad se rompió un año y medio después cuando el pleno de la corporación, ya con el estudio de Antonio Armengot presentado, debatió el convenio urbanístico del parque del Príncipe con Promeimsa. En esa sesión el grupo municipal socialista solicitó que el expediente se dejase sobre la mesa al no estar de acuerdo con los valores obtenidos en el laudo con una diferencia de 7,3 millones de euros.

Desde el grupo municipal socialista se dijo entonces, según se recoge en el acta de aquella sesión, que cuando el pleno de la corporación local decidió en febrero del 2000 recurrir al laudo de Armengot no se estaba aceptando que el resultado del mismo fuera vinculante para la corporación local. En esa sesión ya se indicó en la intervención del grupo socialista que otra promotora ya había solicitado por escrito participar en las negociaciones de un acuerdo para la obtención de terrenos de la ampliación del parque. Esa sociedad era GP Promoción de Suelo, que contaba con 1,8 hectáreas, por las que se tendrán que abonar 6,3 millones, según el Supremo.

La contestación que entonces se dio desde las filas del PP, que gobernaba en mayoría, fue que el incumplimiento del laudo por parte del ayuntamiento conllevaría la denuncia de la otra parte, la promotora Promeimsa, y la reclamación de una indemnización, además de la exigencia por la empresa del estricto cumplimiento del laudo arbitral.