El ayuntamiento se enfrenta al pago de 63 millones de euros por expropiaciones

Pagar esos 63 millones es inviable para el ayuntamiento. Incluso si todos aceptasen la valoración que han realizado los técnicos del consistorio, algo que es improbable, también sería inasumible para las arcas municipales. La alcaldesa, Carmen Heras, calificó de "gravísima" la situación a la que debe enfrentarse el ayuntamiento por los expedientes de expropiación. Recordó que no se dispone de tesorería suficiente y agregó que la solución puede salir de las negociaciones con los propietarios y del nuevo Plan General Municipal (PGM) de urbanismo, con el que el ayuntamiento obtendrá suelo y se podría pagar con permutas.

GRUPOS POLITICOS La alcaldesa comentó ayer que los expedientes no se llevaron a la comisión "con ánimo de dictaminarlos", sino para conocer en qué situación están. El acuerdo que se tomó fue la actualización de los mismos (ya que hay algunos que tienen abiertos procesos judiciales o se remitieron al jurado autonómico de valoraciones) para conocer "qué capacidad de maniobra tenemos", añadió.

"Esto es la ruina del ayuntamiento", resumió el primer teniente de alcalde y concejal de IU, Santiago Pavón, que llegó a comentar que si no se da solución a esta situación la alternativa al actual gobierno no será el PP, sino "una gestora". Pavón fue autocrítico con el gobierno local, en el que participa, al decir que hay que dedicar "menos tiempo a la inauguración de pasos de cebra y más a la gestión". A continuación reiteró que la solución tiene que venir de todos los grupos políticos, incluido el PP, debido a que los populares han gobernado durante la tramitación del nuevo plan de urbanismo.

El edil de Foro Ciudadano, Felipe Vela, comentó que cuando estaba en el gobierno municipal en la pasada legislatura ya se advirtió de la incidencia económica que estas expropiaciones tendrían en las arcas municipales, y recordó que fue uno de los motivos por los que abandonó el gobierno debido a que no se afrontaban. Vela propuso ayer que los expedientes se completen para "que aflore todo", que se analice "la situación jurídica" de cada caso y que se fije qué se puede asumir con el nuevo plan general de urbanismo. El concejal llegó a plantear que se llegue a "un pacto por la ciudad", a semejanza de un pacto de Estado, con el fin de que "todos los partidos tomemos conciencia de la gravedad de este problema y resolverlo conjuntamente".

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Francisco Javier Castellano, comentó que a la situación actual se llega en la mayoría de los casos "a raíz del diseño urbano" planificado en el plan general de urbanismo que está en vigor desde el año 1999, reiteró que todos estos procesos de expropiación "son largos" y añadió que "no dependen solo del ayuntamiento". El edil popular, José Joaquín Rumbo, también apuntó que para llegar a una solución está la "negociación con alguna permuta" de suelo y recordó que está pendiente de aprobarse el nuevo plan de urbanismo, por el que el consistorio obtendrá más suelo.

Por parte del gobierno hubo ayer reproches al PP porque estos expedientes vienen de la legislatura anterior. Heras habló de "incompetencia" de los populares y Santiago Pavón de "gestión vergonzante", incluso en un comunicado emitido ayer por el ayuntamiento se plantea "la posibilidad de abrir expediente por responsabilidad". Por su parte, el portavoz del PP reiteró que el gobierno municipal se ha convertido "en la oposición de la oposición", subrayando que los procesos de expropiación "son largos" y que el plan de urbanismo en vigor viene del gobierno socialista de Carlos Sánchez Polo.

LOS EXPEDIENTES Y SENTENCIA Los expedientes parten de la calificación que el ordenamiento urbanístico da a estos terrenos. Son sistemas generales (destinados a viarios que unen sectores de la ciudad o a zonas verdes) que en su mayoría están en suelos urbanos y que no están adscritos al desarrollo de nuevas zonas residenciales, lo que obliga al ayuntamiento a su ocupación directa o expropiación. Los propietarios han valorados sus terrenos (en el gráfico aparece la valoración dada en 14 de 19 expedientes) y el ayuntamiento también hace su cuantificación (en el gráfico el coste en 11 expedientes).

El paso siguiente que puede dar el propietario si no acepta la valoración del ayuntamiento es alegar. Si tampoco hay acuerdo, el expediente pasaría al jurado autonómico de valoraciones.

Varios de los expedientes están ya en el jurado autonómico. Y hay casos en los que se llega a la vía judicial. El más llamativo es la sentencia del 2005 que valoró en 6,3 millones de euros 2 hectáreas de sistema general para zona verde de la ampliación del parque del Príncipe. La sociedad propietaria del terreno recurrió ante el Tribunal Supremo al no estar de acuerdo y valorar ese suelo en 14,3 millones. La resolución del TS aún no se conoce.

Esos 13,6 millones pendientes de sentencia (dado que se llegó a aportar los 655.000 euros en los que el jurado provincial de expropiaciones valoró el suelo) se suman a los 49,3 de las valoraciones de los propietarios que se hacen en 14 de 19 expedientes de expropiación, lo que suma los 63 millones a los que se enfrenta el ayuntamiento. Las valoraciones que realizan los técnicos municipales rebajan esa cantidad. En once de estos expedientes, los técnicos valoran en 17,5 millones lo que los propietarios cuantifican en 33,5 millones.

En cuanto a los propietarios, en su mayoría son familias o herederos, aunque también figuran empresas y sociedades que adquirieron el terreno con posterioridad. Entre los suelos hay terrenos para el nuevo vial que comunicará la avenida de la Hispanidad y la ronda este (fue el único que se dictaminó ayer al fijar la hoja de aprecio en 1,5 millones), para la ampliación del parque del príncipe, para la zona verde de la Ribera o para otros viarios y espacios libres.