El área de Administración Local de la Junta, que está dentro de la Consejería de Agricultura, recibió ayer por la mañana la documentación con los acuerdos adoptados en el último pleno de la corporación, sesión en la que se decidió con los votos del PP e IU el desistimiento del concurso del agua y la convocatoria de un nuevo proceso. El servicio de Administración Local va a estudiar esta documentación y decidirá si insta al ayuntamiento a que anule los acuerdos del pleno.
La Consejería de Agricultura, que preside Juan María Vázquez, confirmó ayer que la documentación entró en el área de Administración Local por la mañana y que ahora se va a estudiar. Por parte del ayuntamiento no se hizo ayer ningún pronunciamiento al respecto, aunque ayer por la mañana tanto la alcaldesa como el edil de Economía estuvieron a primera hora en Mérida.
La entrega de la documentación a la consejería tiene una doble consecuencia. Por un lado es necesario que la petición que se ha realizado al Consejo Consultivo de Extremadura sobre la legalidad de todo el proceso seguido para adjudicar el agua pase primero por el área de Administración Local de la consejería.
La segunda consecuencia es que la ley de bases de régimen local permite a la Junta requerir al consistorio que anule un acto o acuerdo si ha infringido el ordenamiento jurídico.
En los informes verbales que el secretario general del ayuntamiento y el interventor presentaron en el pleno se defendió que el proceso seguido en el concurso era correcto y que por tanto no había razones para decidir el desistimiento del proceso. En el informe escrito que el gobierno municipal solicitó a los servicios jurídicos de la diputación se destaca que el acuerdo del pleno acordando el desistimiento del proceso no es ajustado a derecho e incurre en vicio de nulidad.
Además está en tramite la vía judicial con el recurso de Acciona, la empresa propuesta por la mesa de Contratación del ayuntamiento para ser la adjudicataria del agua, y con la petición de medidas cautelares hecha por la empresa para que se suspenda la aplicación del acuerdo del pleno de convocar un nuevo concurso, medidas cautelares que se tramitan como pieza separada del recurso y sobre las que se tendrá que pronunciar el juzgado.
