El gobierno local está dispuesto a resolver el contrato con Autobuses Urbanos del Sur (Busursa) y volver a convocar un concurso para que sea otra empresa la que se encargue de gestionar el servicio de autobuses urbanos. "Es la mejor solución", aseguró Tomás Calderón, que preside el comité de empresa, cuyos miembros se entrevistaron ayer con el primer teniente de alcalde, Cipriano Madejón, y con el jefe de la Inspección de Servicios Municipales.

En la reunión se puso sobre la mesa la situación de los trabajadores, que todavía no han cobrado la nómina de noviembre, a la que ahora se suma la paga extra de fin de año. Pero también si la actual empresa que gestiona este servicio municipal está en disposición de seguir prestándolo.

Madejón confirmó después de la reunión que está en estudio si Autobuses Urbanos del Sur está incumpliendo el pliego de condiciones con las que se adjudicó el concurso en el año 1999. "Se supone que sí", afirmó, aunque recordó que esta impresión deberá sustentarse en una base jurídica.

El pliego permite en su artículo 8 declarar la resolución del contrato por el incumplimiento del mismo (una de las causas que permiten la resolución es que la empresa entre en concurso de acreedores). Además componentes del comité de empresa especificaron que "se tiene información no oficial de que no se están pagando los seguros sociales desde el mes de agosto".

Busursa está relacionada con Gerardo Díaz Ferrán, presidente saliente de la CEOE. Medios de información nacionales detallaban el pasado mes de septiembre que Gerardo Díaz Ferrán habían vendido sus empresas de transportes a Posibilitum Business (empresa que adquirió viajes Marsans). No obstante, cuando Gerardo Díaz Santamaría, como representante de Busursa, se reunió el 1 de octubre con el gobierno no aclaró si la compañía había cambiado de titulares.

El propio comité de empresa aseguró ayer desconocer oficialmente quién es el propietario de Busursa. "Nos han dicho que Posibilitum, pero no lo sabemos de forma oficial", afirmó su presidente. En cuanto a Díaz Ferrán, un juzgado madrileño declaró el pasado 29 de noviembre concurso de acreedores para el empresario y le suspendió la administración de sus bienes.

En relación al cobro de las nóminas, ayer aún no se habían ingresado, aunque Madejón insistió que el compromiso del gobierno es que los trabajadores cobren y garantizar el servicio.