El ayuntamiento cacereño mantendrá el recargo fiscal sobre las viviendas desocupadas. Cáceres fue uno de los consistorios que incluyó en su ordenanza del IBI un recargo de hasta el 50% sobre las viviendas vacías. La reforma en el 2002 de la legislación de Haciendas Locales permitió esta subida. Desde el 2003 se puede aplicar en Cáceres, pero no se ha hecho por falta de un reglamento estatal que determine qué condiciones tiene que reunir una casa para considerarse desocupada. El Ministerio de Hacienda está estudiando la elaboración de este reglamento. El alcalde, José María Saponi, contestó ayer, a preguntas de los medios de información, que "no nos hemos planteado ninguna variación" de la ordenanza.
El alcalde recordó que en febrero del 2003 se aprobó por el pleno de la corporación local la revisión de la ordenanza y que se incorporaron bonificaciones, como las fijadas para las familias numerosas, y recargos para las viviendas que están sin uso.
Esta medida, tanto la incorporada a la ley como a la ordenanza, no tenía solo un objeto impositivo, sino que nació con la intención de incentivar la ocupación y alquiler de pisos vacíos.
La ordenanza fiscal cacereña sí fijó unas condiciones para determinar qué se entendía por vivienda vacía. Sin embargo, en la legislación estatal se especificaba que las viviendas desocupadas son aquellas que cumplan "las condiciones que se determinen reglamentariamente". La agencia Europa Press, en una información recogida ayer por este diario y por la prensa nacional, adelantó el domingo los planes de Hacienda de realizar el reglamento para aplicar el recargo.
El ayuntamiento no dispone de un censo municipal de viviendas vacías. Sí hay datos en estudios hechos a nivel estatal por la federación de asociaciones de vecinos y por el Instituto Nacional de Estadística, aunque no están actualizados. Según el Ine, había 2.812 pisos vacíos entre los edificios construidos en Cáceres durante el decenio 1991-2001.
