El ayuntamiento tiene abiertos 91 expedientes de disciplina urbanística por construcciones, edificaciones y parcelaciones en la finca El Collado, que está a ambos lados de la carretera de Medellín una vez pasado el cruce de Sierra de Fuentes, aunque la mayoría de este paraje se encuentra en la margen izquierda de la vía en dirección a Torreorgaz. Muchos de los expedientes se iniciaron en el 2002 y 2003, año en el que empezó el proceso penal por las edificaciones y parcelaciones realizadas en un terreno que está protegido y donde sólo se permiten edificaciones vinculadas a usos agrícolas y con una parcela mínima de 100 hectáreas, según se fija en el plan de urbanismo de Cáceres.
El proceso penal por un presunto delito urbanístico se cerró provisionalmente el día 20 de diciembre con el auto judicial de la audiencia provincial que desestimó el recurso de apelación que presentó la asociación Ecologistas en Acción y al que se sumaron el ayuntamiento y la Junta. En el auto se recuerda que la investigación no se ha cerrado y que las diligencias se reabrirían en el caso de que se identificase a los promotores, constructores o profesionales responsables del presunto delito urbanístico.
La audiencia provincial confirma el auto del juzgado de instrucción número 3 del pasado 4 de noviembre, resolución en la que se acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, una decisión que recurrió Ecologistas en Acción al estimar que era difícil de creer que el Ministerio Fiscal y la Guardia Civil no pudiesen averiguar quién o quienes habían construido o promovido las edificaciones y parcelaciones hechas. Para la audiencia provincial, según se apunta en el auto del pasado 20 de diciembre, lo adecuado es archivar temporalmente todo el proceso judicial y reabrirlo si se conocen hechos y datos que lo aconsejasen.
ADMINISTRACION Lo que sigue tramitándose es el proceso administrativo. La decisión de la junta local de gobierno fue que se valorasen las edificaciones realizadas con un doble objetivo. Primero porque la sanción a imponer se cuantifica en función del valor de la obra que se ha realizado. Y segundo para determinar qué coste tendría la demolición de las obras ilegalmente ejecutadas y de las que son necesarias para la reposición del orden urbanístico infringido, intervención que el ayuntamiento podría acometer subsidiariamente.
La recomendación realizada al ejecutivo local por los servicios técnicos fue que una vez que el auto de la audiencia provincial del pasado 27 de julio fuese firme se continuasen o se iniciasen procesos sancionadores para determinar las responsabilidades administrativas por las edificaciones acometidas. En ese auto se acordó el sobreseimiento de las actuaciones penales contra los propietarios de las parcelas y que se continuase con la instrucción para localizar a los promotores y constructores, actuación que el juzgado de instrucción número tres acordó archivar en su auto del 4 de noviembre.
Los expedientes administrativos abiertos no están todos en el mismo proceso de trámite.
