El gobierno municipal (PP) quiere hacer partícipe a todos los grupos políticos de la oposición en el ayuntamiento de un acuerdo que adoptó en su junta local del pasado 27 de abril. Se trata de dar una mayor protección al acuífero del Calerizo. Busca el apoyo de todos los partidos políticos para que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, determine un perímetro de protección del acuífero de Cáceres.

Es la segunda ocasión que se lleva una moción de este tipo al pleno de la corporación municipal, ambas presentadas por el Partido Popular. La primera fue en junio del año 1992 coincidiendo con los problemas de abastecimiento de agua que tenía entonces la ciudad y que obligaron a construir el trasvase en la cuenca del Almonte. La segunda ocasión es ahora en plena discusión sobre la implantación en las inmediaciones de la ciudad de instalaciones mineras que afectan directa o indirectamente al Calerizo.

En la moción que el gobierno local lleva ahora al pleno no se citan estos proyectos mineros, pero la iniciativa se presenta tras conocerse que el estudio de investigación minera del Trasquilón está sobre el Calerizo y después de saberse que el plan de Valdeflores también incide en el acuífero, no la corta o mina, aunque sí la zona donde se ubicarían instalaciones y depósitos que están asociados a la actividad minera.

En la documentación presentada por la empresa Grabat Energy para obtener el permiso de investigación minera del Trasquilón se precisa en el apartado referido a la hidrogeología que «según el Plan Hidrológico del Tajo el permiso no coincide con ninguna unidad hidrológica». No se hace ninguna referencia al Calerizo, pese a que los terrenos donde se pretende realizar la investigación están sobre el acuífero.

LEY DE AGUAS / La justificación de la moción de 1992 y la de la que se presenta ahora es la misma, salvo la diferencia de que en la primera se cita la Ley de Aguas de 1985 y en la segunda se hace alusión al real decreto legislativo de 2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Las dos veces se ha buscado un acuerdo de la corporación local porque el ayuntamiento no tiene competencias para declarar un perímetro de protección de la zona del acuífero, pero sí puede solicitar a través de la Junta de Extremadura su aplicación por parte de la CHT. El principal motivo que se da en la moción, que es el mismo que aparece en la propuesta del año 1992, es «la existencia de un riesgo de sobreexplotación del acuífero, principalmente en los años de sequía».

También se argumenta, al igual que se hizo en la moción de hace un cuarto de siglo, que en los años de sequía las medidas de restricciones del consumo de agua «invitan a algunos ciudadanos a perforar pozos particulares para obtener el agua del acuífero», de tal forma que en «los pozos particulares se obtiene el agua» de la reserva acuífera «sin control alguno, con lo que los fines particulares hacen que los intereses generales de todos los ciudadanos se resientan».

En la proposición que se lleva al pleno de la corporación local para su debate se ofrecen otros argumentos para acordar el perímetro de protección. Así se argumenta que se busca garantizar el abastecimiento de la población en años de sequía, proteger la subsistencia misma del acuífero mediante el control racional del aprovechamiento de las reservas, obtener la extensión exacta del acuífero --en el plano de arriba aparece la ubicación y extensión-- y conseguir el estudio exhaustivo del caudal existente y de la capacidad de recargar o de renovar sus propios recursos.

Otro de los dos fines de la proposición que se lleva al pleno de la corporación local es que con la determinación del perímetro de protección del acuífero también se defina exactamente la procedencia de sus recursos y estudiar las alteraciones habidas en el acuífero en los últimos años y al mismo tiempo controlar las variaciones del nivel piezométrico.