La futura entrada en vigor de la reforma de la administración local, el Consejo de Ministros dio vía libre al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad en su reunión del pasado 26 de julio, permitirá un ahorro de más de dos millones de euros en gastos que ahora afronta el ayuntamiento en dos servicios, cuya gestión se ha adjudicado recientemente. Se trata de la conservación y mantenimiento de los colegios públicos y de la ayuda a domicilio. De hecho ambos contratos se han adjudicado por un periodo de un año. Los efectos de la reforma administrativa serán mayores, debido a que también incidirá en otros servicios que ahora presta y financia el ayuntamiento, aunque los citados son los dos de mayor importe.
El contrato de la gestión de los centros escolares públicos se adjudicó a Ferrovial con un coste de 827.400 euros, en el contrato también se incluye otra partida por importe de 234.600 euros de trabajos por valoración (gasoil, pintura y otros). El de ayuda a domicilio se adjudicó a Eulen por valor de 1.163.085 euros, con un periodo de gestión de un año, aunque prorrogable hasta un máximo de cuatro. Estos gastos no los tendría que asumir el ayuntamiento con la nueva ley, serían competencia de la administración autonómica.
Todavía no hay una fecha para la entrada en vigor de la ley de racionalización y de sostenibilidad de la administración local. Su objeto principal, además de su repercusión en las entidades locales menores, que es lo que ha generado mayor polémica en agosto, es acabar con las competencias impropias de los ayuntamientos para reducir su déficit.
EL CIERRE DE LAS CUENTAS Se trata de encontrar una solución a la diferencia que todos los años se repite en el cierre de las cuentas del ayuntamiento cacereño, en las que el montante de los gastos reconocidos suma unos importes que son muy superiores a los ingresos reales conseguidos a fecha de 31 de diciembre. Así en el cierre del año 2012 había 24,3 millones de euros de obligaciones pendientes de pago, la mayoría a empresas que, como Ferrovial y Eulen, tienen contratos de prestación o gestión de servicios con el ayuntamiento. La reforma de la administración local en trámite no será la solución definitiva, pero sí pretende que al menos ayude a recortar la diferencia entre los ingresos y los gastos.
El anteproyecto de ley define las competencias que corresponden a la administración municipal, tanto las propias como las delegadas, y añade que tan solo cuando esté garantizada la prestación de los servicios obligatorios, sea sostenible financieramente y no incurra en duplicidad, los ayuntamientos podrán prestar otros servicios que no sean obligatorios, en este caso siempre con convenio con la administración titular (Junta o Estado) y acompañado de la dotación económica que dé cobertura a la prestación. De momento el ayuntamiento, con una deuda por obligaciones reconocidas en los presupuestos que supera los diez millones de euros y un débito de las operaciones no aplicadas a los presupuestos que supera los veinte millones, no tiene la sostenibilidad financiera necesaria para asumir competencias que no sean obligatorias.
La ley de bases de régimen local que está en vigor establece que los ayuntamientos participarán en la programación de la enseñanza y cooperarán con la administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos. Esto cambia en la reforma de la administración local, en la que el ayuntamiento solo está obligado a conservar, man
