El gobierno local dio ayer un paso en firme para erradicar la marginalidad en el bloque C de la calle Ródano, en Aldea Moret, con los cuatro primeros realojos de familias que vivían legalmente en el edificio más conflictivo de la ciudad en pisos municipales de esta misma barriada. El salón de plenos del ayuntamiento sirvió de escenario para la firma de escrituras de estas viviendas, que han sido reformadas por el consistorio para poder albergar a sus propietarios. Según explicó la alcaldesa, Carmen Heras, está previsto que enero próximo puedan producirse otros cinco realojos con el objetivo de completar la primera fase y poder comenzar la segunda, hasta llegar a un total de 18 familias en situación legal.

Pero no será un camino fácil. En el bloque, con 48 viviendas y declarado inhabitable por el Servicio Extremeño de Salud debido a sus condiciones de insalubridad, el ayuntamiento tiene aún que afrontar la situación de los residentes ilegales, que han accedido a pisos mediante contratos fraudulentos o por el método de la patada en la puerta. La paulatina degradación del edificio obligó al anterior gobierno municipal a acometer reformas en las viviendas y a tomar la decisión de destinarlo a usos administrativos a raíz del hallazgo de una joven emparedada en una vivienda en abril del 2006.

Tras el acto de firma de escrituras, al que asistieron las cuatro familias realojadas, Heras explicó que ya en el año 2000 se puso de manifiesto la situación irregular de las viviendas de titularidad municipal en Aldea Moret "por ocupaciones ilegales, ilocalizados, fallecidos, renuncias o rupturas matrimoniales" que habían impedido el proceso de escrituración de la propiedad, a pesar de que se contrató a una empresa para que realizara, sin éxito, este proceso.

Según detalló la alcaldesa, en el 2006, de las 461 viviendas de este tipo, sólo constaban escrituradas un total de 35 por lo que en junio de ese año se adoptó el acuerdo de dar tratamiento de urgencia a las viviendas de titularidad municipal y se encomendó al Instituto Municipal de Asuntos Sociales, que entonces presidía la concejal del PP, Basilia Pizarro, la solución a esta situación mediante la permuta de viviendas que se encontraban en situación de legalidad y proceder al desahucio administrativo de las ilegales. Heras, que reconoció que este asunto preocupaba al gobierno local, mostró su satisfacción por el inicio de este proceso y reiteró que el objetivo final es "devolver la dignidad a Aldea Moret".