La junta local de gobierno analizó ayer la situación administrativa en la que está la concesión del servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria. El contrato actual con el grupo empresarial cacereño Conyser finaliza el 1 de enero, cuando acabará el plazo de concesión que en 1990 se fijó en quince años. "La preocupación del gobierno es que los pliegos estén con el tiempo suficiente", apuntó su portavoz, Andrés Nevado. La junta de gobierno inició ayer el proceso para la adjudicación del contrato más importante de la legislatura.

La recogida de basura, la limpieza viaria y otros servicios vinculados a la recogida de residuos mueven más de seis millones de euros al año, más que el servicio de abastecimiento de agua y el transporte urbano, los otros dos servicios que con la basura condicionan casi la quinta parte del presupuesto local. "Es un contrato importante por el número de años, que dependerá del precio", apuntó el portavoz del gobierno. Si se vuelve a cerrar por quince años, plazo que ya se aplica en la relación con Canal de Isabel II (agua) y con Busursa (autobús), será un contrato que moverá más de cien millones de euros.

Si se repite, como todo parece indicar, lo que ocurrió con los concursos del autobús y la zona azul, a la adjudicación de la recogida de basura se presentarán las empresas filiares dedicadas a servicios urbanos de los grandes grupos constructores nacionales. En la zona azul, la propuesta del grupo Conyser superó a la del resto de ofertantes. El grupo cacereño ya ganó el anterior concurso que el consistorio convocó en 1990 para la recogida de residuos y la limpieza viaria.

SUBIDA POLEMICA La junta local conoció ayer el contenido de un informe que presentó la Concejalía de Economía para la revisión del contrato de explotación del depósito de residuos inertes, que está en la cantera de La Labradora. Con el informe se reconduce la situación creada en marzo, cuando se aplicó una subida, con nuevos conceptos, tras contactos del ayuntamiento con el sector y que provocó el rechazo de los empresarios. Ahora se reinicia el proceso, con sus pasos administrativos, y la propuesta que hay sobre la mesa es subir la tasa de los residuos inertes (que ahora es de 38 céntimos/tonelada) en base al IPC de los últimos cuatro años, ya que no varía desde el 2001, e incluir en el contrato, con su tasa y precio, la recogida de residuos no inertes.