El ayuntamiento tendrá que reformar Alzapiernas y su entorno para que se ajuste a la ley de accesibilidad pero descarta, por el momento, volver a levantar la calle para no tener que cerrarla. La rectificación de la obra, que afectará también a Sánchez Varona, Zurbarán y Parras, debe ejecutarse a instancias de la Junta de Extremadura tras comprobar que «incumple la normativa aplicable en materia de accesibilidad». La Dirección General de Accesibilidad y Centro analizó la actuación tras recibir una denuncia del cacereño Juan Carlos Caso, discapacitado visual y portavoz de la agrupación vecinal, precisamente porque consideraba que la obra no respetaba la normativa en ese ámbito.
En cambio el Ejecutivo autonómico ha decidido no sancionar al ayuntamiento porque existe voluntad de corregir los problemas detectados «cuando sea posible». Tampoco da plazos. Por ahora el ayuntamiento no ha decidido cómo materializará estas rectificaciones, aunque descarta por el momento volver a levantar Alzapiernas para no perjudicar más a los comerciantes y hosteleros, según afirmó ayer el portavoz, Andrés Licerán.
Antes de iniciar cualquier actuación va a solicitar consejo a la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex) sobre cómo acometer la obra. Esas recomendaciones se debatirán después en la Comisión e Accesibilidad. Mientras tanto Alzapiernas y su entorno se mantendrán como están y seguirá funcionando la escalera.
Según el informe de la Junta el proyecto incumple la orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Aunque no entra a valorar las ordenanzas municipales por exceder el ámbito de su competencia.
Así, se ha comprobado que en Alzapiernas las rampas tienen pendientes superiores a lo permitido, del 22, 23 y 25% dependiendo del tramo; cuando los límites legales son del 8 o el 10% según la longitud de la calle. Tampoco cuenta con pasamanos a doble altura (para personas en sillas de ruedas) y en algunos tramos se ha colocado solo a uno de los extremos. Las escaleras convencionales tampoco cumplen por no estar bien señalizados los peldaños. Y las mecánicas son más estrechas de lo permitido.
En Sánchez Varona el principal problema también es la pendiente de la cuesta, en este caso del 17%. Tampoco tiene barandillas a doble altura a ambos lados. Y en Zurbarán el ancho de la calle no se ajusta a la normativa: Tiene 1,50 metros cuando lo mínimo es 1,80; además algunos de sus tramos superan los 10 metros, el máximo permitido.
Por último, el informe critica también la actuación realizada en Parras. En esta calle solo se modificó un tramo para ampliar el acerado, pero tras la reforma tiene 1,38 metros cuando debería medir 1,80, límite legal que permite el cruce de dos sillas de ruedas.
Ante esto Licerán anunció que se ha encargado un informe a los servicios jurídicos para depurar responsabilidades políticas y advirtió que Europa puede obligar a devolver el dinero que costó la obra, unos 500.000 euros, porque se pagaron con fondos Dusi.
Por su parte el portavoz popular, Rafael Mateos (el proyecto se aprobó en la legislatura de Nevado), aseguró ayer que «el objetivo fue ganar en accesibilidad y es evidente que se gana, aunque era imposible cumplir la ley universal» y añadió que se hizo con el visto bueno de los técnicos.
