La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha reducido la condena a la policía local culpable de quedarse con dinero de la grúa a un año de prisión y otro de suspensión de empleo, tras revocar parcialmente la primera sentencia a raíz del recurso presentado por su abogado, Abel Martín Domínguez. El letrado declaró que recurrirá al Tribunal Supremo para pedir la absolución de su cliente.
El jurado popular declaró probado en junio de este año que la agente Fátima Alvarez Méndez se apropió de algo más de 2.200 euros correspondientes a 38 cargos del servicio de retirada de vehículos. La declaró culpable de un delito de malversación de caudales públicos, por el que se le impuso la "suspensión del empleo de policía local por tiempo de un año y seis meses" y una condena de prisión de un año y 9 meses, aunque no tendrá que ingresar en la cárcel al carecer de antecedentes penales y ser la condena inferior a dos años.
A pesar de la reducción que recoge la nueva sentencia, sí confirma que la agente tendrá que pagar la multa de 920 euros que también se le impuso, así como una indemnización del Ayuntamiento de Cáceres de 2.235 euros, que fue a lo que ascendió el importe de los 38 cargos de la grúa de los que se apropió indebidamente. De no ser absuelta por el Supremo, la agente solo tendrá que enfrentarse a la condena de un año fuera del servicio.
