El funcionario del ayuntamiento, Antonio Alfredo Barca, informó ayer de que había puesto a disposición de la fiscalía "toda la documentación" sobre la adquisición en el 2000 por la mercantil BYF Inversores de una vivienda de la calle San Roque, que se incluyó en el proyecto para el ensanche de Mira al Río y que se vendió en el año 2004 a la cooperativa Pablo Iglesias, que la permutó con otras dos casas por tres parcelas del ayuntamiento. Barca aparece como administrador de BYF, circunstancia que el portavoz de IU, Santiago Pavón, comunicó a la fiscalía el día 14.
El funcionario compareció ante los medios de información y leyó un comunicado en el que se apunta que ayer entregó a la fiscalía la documentación para "acabar con tantos infundios, dimes y diretes" y se anuncia el inicio de "actuaciones legales" contra Pavón.
El funcionario apunta en el comunicado que "se viene realizando contra mi persona una campaña de descrédito y de desprestigio (...), mancillando mi honor e imagen", además se añade que se intenta "confundir a la ciudadanía por motivos electoralistas". Pavón, en una comparecencia ante la prensa el pasado lunes, negó razones electorales y precisó que lo que ha hecho es poner en conocimiento del fiscal una serie de hechos.
