El ayuntamiento ha cerrado cautelarmente algunos bares denunciados por los vecinos por los ruidos. No son los primeros ni parece que serán los últimos. Puesto que existe una legislación sobre los permisos de apertura de locales potencialmente molestos, debemos pensar en primer lugar que alguien debe garantizar que los proyectos se estudian y que el permiso se da tras comprobar que se han tomado las medidas de insonorización pertinentes. Si ello fuera así, en segundo lugar habría que concluir que algunos bares utilizan mayor volumen acústico del recogido en proyecto. Por lo tanto, en tercer lugar será necesario disponer de elementos de vigilancia que aseguren que la ley se cumple.

Las autoridades deben convencer a los empresarios que sólo dentro de la ley les será rentable su negocio, porque la ley está para garantizar al vecino su descanso y al empresario su negocio. Los ruidos perjudican a la salud no porque lo diga el Supremo, sino porque está comprobado científicamente. Las autoridades están para legislar y actuar en defensa de la salud de sus ciudadanos. De manera que si no son suficientes las actuales leyes y controles, será necesario cambiarlos. Pero sobre todo aplicarlos porque es más importante la voluntad política de cumplir las leyes que la existencia de éstas.