Ultima comparecencia en los juzgados de los hosteleros imputados por un presunto delito de contaminación acústica. Tras la toma de declaración por parte de la jueza que instruye el caso Madrila a los responsables de Barroco, Pasadena, Machiavello, Down, Latinos y Submarino, ayer le tocó el turno a los de La Bele y La Cuerda, establecimientos de la zona de copas sobre los que aún pesa la medida cautelar de cierre decretada por la Audiencia hace ya 11 meses.

Con el mismo guión que en citaciones anteriores, al menos en el caso de La Bele, su abogada Mercedes Sánchez solicitó el archivo de las actuaciones contra su cliente, Andrés Barrantes, al entender que no regentaba el establecimiento cuando se realizaron las mediciones de ruido del 2009, claves para la admisión a trámite de la querella de Cacereños Contra el Ruido.

SIN ACTIVIDAD La letrada aseguró que el hostelero no tiene ninguna intención en continuar adelante con el negocio, tras haber tenido que rescindir el contrato de arrendamiento. Según la abogada, solo estuvo cuatro meses al frente del local --de octubre del 2011 a marzo del 2012--. "El ha sido uno de los grandes perjudicados por el cierre cautelar" de los bares, indicó Sánchez, que cifró en unos 20.000 euros la deuda a la que tiene que hacer frente ahora. "Está arruinado. No recibió ninguna denuncia y vio cómo de la noche a la mañana cerraban su negocio y se veía implicado en un procedimiento penal. Tanto el propietario del local como el anterior titular eran realmente los conocedores de la situación de La Bele", precisó la abogada.

La ronda de comparecencias también incluyó ayer a La Cuerda. María Teresa Perales, abogada del establecimiento, pidió tiempo para hacer valoraciones y fijar la postura de su cliente. La situación de este local es similar a la de La Bele porque tampoco tiene la intención de seguir explotándolo, sin que exista ya un contrato de alquiler.

A las citaciones del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de Cáceres también acudió ayer el asesor jurídico adscrito a la policía local por petición de la fiscal del caso.