Si al Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas) no le fallan sus previsiones, el desalojo completo del bloque C de la calle Ródano, el más conflictivo y marginal de toda la ciudad, situado en el barrio de Aldea Moret, estará concluido el próximo mes de septiembre. Así lo aseguró ayer su concejala responsable, la socialista Marcelina Elviro, quien indicó que los informes que maneja su departamento aconsejan el derribo del inmueble puesto que el coste de su rehabilitación supondría un desembolso de 2 a 3 millones de euros, cantidad de la que el ayuntamiento no dispone.

Elviro detalló la situación en la que se encuentra el procedimiento administrativo para el vaciado del edificio, un día después de que el pleno municipal diera luz verde en su sesión del pasado jueves a la segunda y última fase de los realojos de vecinos que residen de forma legal en el bloque. La concejala indicó que se trata de 10 familias que serán trasladadas a otros pisos de propiedad municipal, cuyo proceso de escritura estará concluido en menos de dos meses.

Paralelamente, el juzgado ha iniciado --a instancias del ayuntamiento-- los trámites de desahucio para las personas que viven de manera ilegal en el inmueble. Se trata, como ya informó en junio este diario, de cuatro familias a las que se les ha notificado la obligación de abandonar los pisos. La presentación de estas demandas judiciales es un paso necesario para que el consistorio pueda recuperar la titularidad de las viviendas, que no fueron escrituradas públicamente por sus adjudicatarios iniciales y que, posteriormente, fueron ocupadas ilegalmente por sus actuales inquilinos.

En este largo proceso, los servicios sociales del consistorio se han topado con situaciones de todo tipo, entre ellas las de propietarios de Madrid o Ibiza que hace 20 años tuvieron que abandonar Cáceres ante la imposibilidad de residir en el bloque y a quienes ahora, con sus contratos de compraventa bajo el brazo, se les ha tenido que dar nuevas viviendas.

TRAGEDIA Pero muy por encima de estas situaciones, más o menos normales en un proceso legal como éste, subyace la gravísima tragedia social que ha supuesto para Aldea Moret este edificio. Marcelina Elviro se refirió ayer precisamente a esta cuestión. Con informes en la mano, la concejala ha remitido una propuesta a la alcaldesa, Carmen Heras, y al concejal de Infraestructuras, Miguel López, en la que apela al derribo como la mejor solución para el bloque C.

La responsable del Imas insistió en que el ayuntamiento "no tiene dinero disponible" para rehabilitarlo. Puesto que en su día se manejó la idea de convertirlo en un edificio de usos múltiples, Elviro recordó que cuando se construya el párking de la Hispanidad, el ayuntamiento dispondrá de un inmueble similar para prestar servicios.

Sin embargo, la idea del derribo va más allá de una cuestión de espacio, se trata más bien de un clamor: el de los vecinos que abogan prácticamente por unanimidad por echarlo abajo, pero también de una posición ideológica: tirar los muros y levantar sobre ellos una plaza como homenaje al olvido, que simbolice "que no se hicieron las cosas adecuadamente y que ahí, desgraciadamente, ha habido mucho sufrimiento", apuntó la concejala, quien ensalzó el trabajo desarrollado por los técnicos a lo largo de los dos últimos años, defendió la decisión política de afrontar el desalojo del bloque y abogó por un Consorcio de todas las administraciones que aborde un plan de acción para Aldea Moret.