El diputado del área de Personal, Emilio Borrega, aclaró ayer a este diario que el cese en los puestos de 17 empleados de la diputación se hizo "no solo por ley sino por factores de ética". La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx ha fallado en contra de la institución provincial una demanda presentada por estos trabajadores --funcionarios que ostentaban altos cargos de confianza--, que solicitaban el pago de nueve meses de nómina después de haber sido cesados. La institución deberá abonar ahora un total de 91.120,17 euros (6.187,10 de intereses legales).

Se trata de conductores, secretarios de despacho y jefes de gabinete de la anterior legislatura. Ellos solicitaban también que la nueva legislatura les respetara la categoría adquirida durante el anterior gobierno, cosa que el TSJEx deniega.

La diputación deberá ahora llevar a cabo una modificación presupuestaria para acatar la sentencia y hacer frente al pago. "Acataremos la sentencia. Para poder abonarlo habrá que hacer una modificación de presupuestos porque en el montante de este año esa partida no se contemplaba. Para pagar habrá que sacarlo de otras partidas o buscar créditos", dice Borrega.