De momento Autobuses Urbanos del Sur (Busursa) continúa gestionando el servicio municipal de autobuses y la empresa, en lo que es la concesión de Cáceres, sigue dentro del grupo de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual. Esta situación puede cambiar en unas semanas. Gerardo Díaz Santamaría, consejero delegado de Trapsa (empresas de transporte del grupo) e hijo de Díaz Ferrán, afirmó ayer que Busursa está interesada en seguir con la gestión de los autobuses, aunque no garantizó que estén hasta que acabe la concesión del servicio, añadiendo que el resultado final "será cuestión" de lo que pase en las próximas reuniones entre empresa y ayuntamiento. (Si la empresa no sigue, no significa que el servicio se deje de prestar, ya se trabaja en las alternativas para que no afecte a usuarios y plantilla).

Ayer fue la primera toma de contacto. Díaz Santamaría se reunió con la alcaldesa, técnicos y miembros del gobierno. A la concesión del servicio, que es de titularidad municipal, le quedan 3 años y medio. Si el actual contrato se cumpliese, Busursa seguiría con la gestión, cobrando del ayuntamiento por su trabajo un beneficio industrial, que es el 7% de los costes del servicio.

Pero ahora confluyen varias circunstancias que complican el contrato. Por un lado está la difícil situación del grupo empresarial de Ferrán, que ha obligado al ayuntamiento a subir la cantidad mensual que da con cargo al déficit del servicio (de 70.000 a 230.000 euros). Por tanto no se liquida la mayoría del déficit al cierre del ejercicio, sino que se aporta más al mes para garantizar que los autobuses salgan a la calle, situación que hace que el gobierno se planteé si en estas condiciones merece la pena seguir con la concesión.

Pero por otro lado está que en los últimos años el ayuntamiento no liquidaba al cierre del ejercicio la deuda con la empresa resultado del déficit del autobús. Parte de esa deuda, la anterior a la actual legislatura, se pudo atender hace un año, pero todavía restan casi siete millones de los tres últimos ejercicios más lo acumulado del presente año.

En las reuniones que ahora se celebrarán, Busursa deberá dar unas garantías de que el servicio no solo va a depender de la aportación mensual que está dando el consistorio y que dispone de recursos para que el transporte no falle y la plantilla cobre.

Además ayuntamiento y empresa tienen que ponerse de acuerdo en la deuda pendiente de pagar por el consistorio a Busursa y establecer un calendario para su abono. Las cuentas de la empresa superan los 7 millones de euros de débito. El gobierno no dio ayer cifras hasta que los números de Busursa los fiscalice el servicio de Intervención.

"EN PRINCIPIO" NO VENDE Si la empresa no ofreciese garantías, en la reunión de ayer ya se pusieron sobre la mesa alternativas, como que Busursa venda la concesión a otra compañía y convocar un nuevo concurso, indicó la alcaldesa, Carmen Heras, que descartó municipalizar la gestión. Sobre esa posible venta, Díaz indicó que se han recibido ofertas, pero que "en principio" no se vende. "La concesión aún es nuestra", aseguró.

Si no hay venta, está la alternativa de llegar a un acuerdo para rescindir la concesión, pero entonces se deberá dar una solución para la gestión del servicio hasta que se adjudicase el nuevo contrato. Heras también aludió a la posibilidad de recibir subvenciones del Estado para el transporte, pero añadió que se necesita que Busursa "revalide una serie de cuentas"