El cacereño que denunció la obra de Alzapiernas porque no cumplía con la normativa de accesibilidad se plantea acudir ahora a la Comisión Europea para informar de que la actuación no ha cumplido el objetivo por el que se ejecutó: Mejorar la accesibilidad de esta calle y de su entorno. La reforma, que costó más de 400.000 euros, se sufragó con fondos europeos y se solicitaron con la justificación de hacerla más accesible. Ahora, la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex) reconoce en un informe que la obra ha añadido más problemas para las personas con discapacidad de los que había antes. «Los fondos se pidieron con la justificación de que se iba a mejorar la accesibilidad y no se ha hecho. Y lo que es peor, sabiendo que hay elementos en la calle que son ilegales se van a mantener», afirma Juan Carlos Caso. Podrían darse dos situaciones: que Europa obligara a Cáceres a devolver el dinero que prestó y que además decida sancionar a la ciudad con no conceder más créditos por haber utilizado un dinero para un fin que no se corresponde con el justificado. El ayuntamiento, no obstante, está convencido de que ninguno de estos planteamientos ocurrirá.
En cualquier caso, este cacereño baraja la posibilidad de solicitar una intervención en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, para dar a conocer los informes que confirman que no se adapta a la normativa y pedir soluciones. De acudir a este organismo sería el segundo cacereño en hacerlo, ya que hace unas semanas intervino otro ciudadano de Cáceres para informar de que, a su juicio, los fondos que se prestaron para la construcción del nuevo hospital no han sido utilizados para tal fin, porque solo se ha ejecutado la primera fase.
Caso ha puesto además todo en manos de un abogado, que estudia también si existen responsabilidades penales en la actuación.
INCUMPLE LA NORMATIVA / Tanto la Junta de Extremadura, administración a la que Caso remitió la denuncia, como la Otaex, reconocen que el resultado incumple la orden que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Ambos organismos observan irregularidades en las pendientes de las rampas (la Otaex de hecho aconseja cerrar el acceso de las de Alzapiernas por seguridad) y en los anchos de las calles y que falta mobiliario urbano que ayude a estas personas con discapacidad. La Otaex menciona también que la escalera mecánica no es legal porque no cumple con el ancho mínimo requerido (tendría que tener un metro y mide 80 centímetros) pero que colocar una con las medidas que requiere la legislación añadiría más problemas a la calle porque habría que restar ancho a los demás elementos y se convertirían en menos accesibles de lo que son ahora.
A pesar de las observaciones que realizan tanto la Junta como la Otaex el ayuntamiento ha decidido intentar corregir los problemas con obras menores e incluso mediante la incorporación de mobiliario urbano. Plantea, por ejemplo, prohibir el paso a las rampas de Alzapiernas poniendo maceteros o reducir el riesgo de caídas con bandas antideslizantes. La escalera no se tocará. «Me indigna que nunca haya dinero para el colectivo de la accesibilidad universal. Dejar ahí esa escalera es un problema porque si pasa cualquier cosa el ayuntamiento es el responsable jurídico, porque no es legal», añade Caso.
El ayuntamiento insiste en que a, pesar de los informes que reconocen estas ilegalidades, los fondos europeos no corren peligro. «Europa aceptó el proyecto tal y como estaba», aclaran fuentes municipales. Tampoco creen que se pueda sancionar a la ciudad. Precisamente, para evitar que algo de esto ocurra, el gobierno local se plantea modificar lo menos posible el proyecto ejecutado y realizar obras menores para corregir los problemas surgidos.
