El ayuntamiento se libra por el momento del pago de 25.000 euros a la empresa taurina Socar de Toros por el festejo que organizó en la feria de San Fernando de 2018. No es definitivo. La decisión de si tiene que pagar o no ese dinero la tendrá que tomar el juzgado de lo Contencioso Administrativo dentro del procedimiento judicial que se inició el 12 de septiembre de 2019, cuando el citado juzgado aceptó a trámite la demanda presentada por la empresa, que reclama al ayuntamiento que le pague 25.000 euros por la corrida de toros que organizó el 2 de junio de 2018, sábado de feria.

La empresa había pedido al juzgado como medida cautelar que el ayuntamiento le abonase de momento la citada catidad. Pero el juzgado lo ha rechazado porque no se cumplen «los requisitos procesales que se requieren en un procedimiento de medidas cautelares», según la información que el ayuntamiento ha dado del auto judicial, que «no entra en el fondo» y que rechaza la medida cautelar «por las formas», según el consistorio.

Socar de Toros, aunque entonces con la denominación de Mar de Toros, ya obtuvo la cesión de la plaza para organizar festejos en la feria de 2017. En 2018, ya como Socar de Toros, volvió a pedir la cesión para una corrida el 2 de junio. Unos días antes, el 24 de mayo, el ayuntamiento y Liberbank habían firmado un convenio de colaboración de la entidad financiera en actos de la feria de mayo por el que se comprometía a aportar 25.000 euros. En un anexo de este convenio se precisaba que el beneficiario de la aportación sería Socar de Toros como empresa organizadora de uno de los eventos de la feria.

El grupo municipal de Unidas Podemos llevó este convenio a la fiscalía. Entre otros argumentos daba que la concesión de los 25.000 euros se decidió eludiendo el procedimiento establecido en la ley de subvenciones y en contra de un acuerdo adoptado por el pleno de la corporación local y recordaba que el servicio de Intervención del ayuntamiento había emitido un informe desfavorable porque se otorgaba una subvención encubierta.

FISCALÍA / La fiscalía concluyó, tomando también en consideración un informe de la secretaría general del ayuntamiento, que no hubo prevaricación, incluso que esta aportación directa podría estar fundamentada en un interés cultural, pero al mismo tiempo aludió a que se podía haber cometido una irregularidad en el procedimiento administrativo.

El anterior gobierno local decidió finalmente devolver los 25.000 euros a la entidad financiera para que fuera ella la que hiciese la aportación a la empresa taurina. Pero Liberbank volvió a ingresar el dinero en el ayuntamiento. Ahora el gobierno local está pendiente de la sentencia del juzgado para saber si definitivamente debe aportar o no los 25.000 euros a la empresa taurina. H