La Comisión Municipal de Gobierno decidió ayer resolver el contrato que el ayuntamiento adjudicó a la unión temporal de empresas (Ute) formada por Asistencia en Gestión Tributaria S.A. (Afina) y Gestión Catastral y de Servicios S.L., y además acordó el inicio de un expediente para reclamar a la unión de empresas una indemnización por los daños y perjuicios causados al ayuntamiento por el incumplimiento de las condiciones de la adjudicación. El BBVA es el accionista mayoritario de Asistencia en Gestión Tributaria.

La comisión tomó la decisión tras conocer el dictamen del Consejo de Estado, que, según informó ayer el gabinete de prensa del ayuntamiento, da la razón al consistorio y autoriza la resolución de la relación contractual con la Ute. Además, el portavoz del gobierno municipal, Andrés Nevado, destacó ayer que el consejo afirma en su dictamen que "la conducta de la Ute se aparta de las pautas mínimas de comportamiento esperables de quien contrate con la administración".

PONER LA GARANTIA DEFINITIVA

El ayuntamiento decidió el pasado mes de mayo adjudicar a la Ute el contrato para colaborar con la oficina municipal de recaudación (Gemaca) en la gestión del censo de impuestos locales y en la recaudación en vía ejecutiva de los tributos municipales.

La razón por la que el ayuntamiento decidió resolver la relación con las empresas es porque no presentaron la garantía definitiva dentro de plazo, ni tampoco en la posterior ampliación que acordó el consistorio. La garantía o aval bancario hay que aportarlo en previsión de posibles incumplimientos de la oferta presentada por las empresas o de las condiciones pactadas en el contrato. El aval ascendía a 2,2 millones de euros (336 millones de pesetas), cifra que inicialmente era inferior, pero que se incrementó por la propia propuesta de gestión que realizó la Ute, que garantizaba una recaudación del 92% en periodo ejecutivo, y, según las condiciones del contrato, a más riesgo en la oferta, el importe de la garantía tenía que ser mayor.

Una de las funciones que tenía que realizar la Ute era la actualización del censo del IAE, que el gobierno local quería tener preparado en previsión ante la supresión de este impuesto. La decisión de su eliminación para los empresarios con una facturación anual inferior al millón de euros ya se ha tomado, y, sin embargo, no se ha cumplido la condición del contrato de renovar el censo.

Entre las opciones que ahora tiene el ayuntamiento está adjudicar el contrato a la empresa que quedó segunda en el concurso convocado por el consistorio.