El ayuntamiento reforzará la inspección de las edificaciones ilegales en el municipio, el más grande de España, pese a la limitación de medios técnicos y humanos. La decisión se tomó en la junta local de gobierno que se celebró el día anterior a la declaración del estado de alarma. No es una medida de aplicación inmediata, pero sí marca la línea a seguir una vez se recobre la normalidad en la administración.

La junta local de gobierno ratificó el pasado 13 de marzo una decisión anterior, del 21 de febrero, cuando se conoció el contenido de una sentencia que anuló una valoración de sanción a un particular por una edificación hecha en suelo rústico, en terreno con protección ambiental en el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo.

Esa decisión de la junta local es que los técnicos municipales deberán efectuar la visita a las construcciones ilegales a efectos de su valoración, «y en el caso de que se les deniegue o dificulte el acceso por parte de los promotores o propietarios, que se ponga en conocimiento del instructor del expediente para que proponga la adopción de las medidas pertinentes en derecho», según la reproducción del acuerdo de la junta. Con esta decisión se refuerza al técnico en su función inspectora para evitar nuevas resoluciones judiciales como la que dictó el juzgado de lo Contencioso en su sentencia del 13 de febrero.

El juzgado anuló la valoración porque el técnico del ayuntamiento que hizo la misma no visitó la edificación ilegalmente construida. Por tanto el juez acabó aceptando la estimación que sobre el coste de la multa dedujo el técnico del particular denunciado e infractor, un técnico que sí se personó en el sitio donde se levantó la edificación. En este proceso no se litigaba sobre la demolición de lo construido, que al estar en un suelo rústico y protegido se tenía que llevar a la práctica, sino sobre el montante de la multa.

Según la sentencia, el informe emitido por el funcionario municipal se limitó a aplicar a la superficie construida el coste medio regional de ejecución material, aplicando determinados coeficientes, pero sin llegar a visitar la edificación y dio el mismo valor de ejecución a la vivienda, de setenta metros cuadrados, como al porche, de treinta metros cuadrados.

IMPORTE / Por el contrario, y según el juzgado, el técnico del infractor realizó su valoración tras visitar la construcción, teniendo en cuenta su acabado así como la calidad de los materiales, y realizando una pormenorizada estimación de cada partida. El resultado es que al final el juzgado aceptó la valoración del técnico del infractor y que la sanción, en vez de ascender a 33.603 euros como proponía el ayuntamiento en su resolución, se quedó en 16.801 euros.

La presencia de edificaciones construidas en suelo no solo rústico, sino además protegido por la normativa urbanística, es uno de los problemas más graves que en materia de urbanismo tiene el ayuntamiento por la extensión del municipio y por la protección ambiental que se da al suelo. No solo hay protecciones por estar el terreno dentro de la Red Natura 2000, en la que se incluyen las zonas de protección de aves de los Llanos y sierra de San Pedro, sino las propias que el Plan General Municipal da al suelo, empezando por la más cercana, la que se da a la Montaña, y comenzando por su falda, una protección que en este caso llega hasta la carretera de Miajadas. Hay otras protecciones como Dehesa, Masa Forestal o Humedales que se extienden por el municipio.