El confinamiento ha puesto en evidencia que las administraciones deben seguir luchando contra la violencia machista. En Cáceres los datos hablan por sí solos: en la actualidad están activadas 196 órdenes de protección, según indica la concejal de Asuntos Sociales, María José Pulido. A lo largo de estos meses de Estado de Alarma se han tramitado 21 denuncias, seis quebrantamientos de órdenes de alejamiento y una agresión por violencia de género que tuvo lugar en el barrio de La Madrila. Ahora mismo, hay 11 mujeres que disponen del servicio de teleasistencia.
Pulido destaca la labor realizada por dos propietarios de alojamientos turísticos de la capital cacereña, que durante el encierro cedieron sus instalaciones para mujeres en riesgo. Como en la Casa de la Mujer de Cáceres y en la de Badajoz también se impusieron las limitaciones de distanciamiento por la covid-19 y aumentaron los casos de violencia machista, «la cesión fue una ayuda muy grande». Se firmó un convenio y un protocolo con los apartamentos y se integraron dentro de la red de recursos regionales.
Otros medios
La responsable municipal explica que los pisos se ocuparon, pero cuando se avanzó en la desescalada, coincidiendo con la apertura de hoteles, se proporcionaron otros medios a las víctimas. «Es digna de recalcar la solidaridad de estos empresarios. Han sido muy generosos», apostilla, que de igual manera habla del incremento que se ha producido de violencia a menores en el ámbito del hogar.
La edil se refiere asimismo al teléfono 016 como un buen barómetro que da idea de la situación. Si las llamadas bajan, eso no significa que la violencia disminuya, sino que ha crecido el miedo a denunciar. Pulido incide en la importancia del aumento de la sensibilización social, que las afectadas perciban que los medios están más cercanos, «que sientan que van a ser comprendidas». Si esas circunstancias se dan, «se animan a telefonear. Por eso, nos preocupa que las llamadas se reduzcan, porque son un indicativo del maltrato que sufren, y las pocas perspectivas que encuentran para salir, de ahí la importancia de que se sepan los recursos».
La política de prevención de la violencia pasa, de otro lado, por la elaboración de un mapa de los puntos negros de las agresiones sexuales. Se trata de una herramienta que servirá para establecer rutas seguras, aumentar la iluminación en aquellas zonas donde se demande, así como otras actuaciones.
Forma parte de unas acciones que van desde la educación hasta campañas publicitarias. A ellas se suma este mapa, «porque Cáceres tiene que ser plenamente segura y tenemos que dar garantías para ello. Existen vías, paseos, plazas, túneles más oscuros, lugares más inseguros donde ocurren más agresiones y se transita con más incertidumbre», añade Pulido. La intención es contar con un recorrido donde «expertos nos digan qué condiciones urbanísticas limitan la libertad de las mujeres».
A este efecto, se ha abierto un concurso, un contrato menor. Este martes concluyó el plazo de presentación de ofertas de las empresas. La idea es que en diez días se haya adjudicado y que en septiembre esté redactado y puesto en marcha junto a todo un protocolo de actuación, en el que colaborarán los trabajadores sociales y las fuerzas y cuerpos de seguridad. El mapa será, de ahora en adelante, una obligación y un compromiso del ayuntamiento para cumplir con el llamado Urbanismo de Género y eliminar de las calles cualquier punto negro que pueda conducir a un caso de agresión sexual.
Finalmente, la responsable municipal subraya que aunque en Cáceres no se tiene constancia de un gran número de sucesos de este tipo, el proyecto «es una necesidad».
