El Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende que el ayuntamiento tiene que abonar las anualidades, a partir de la del 2000, de la tarifa por la utilización del agua del trasvase del Almonte, en la cola de Alcántara. Este pago es por el uso por parte de los usuarios en Cáceres de una inversión que, por segunda vez en tres años, ha demostrado sus graves carencias. El ayuntamiento ha recurrido las anualidades de la tarifa desde que se remitió la del año 1997, que fue la primera. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) es el órgano acreedor. Hace ocho años reclamó al consistorio 2,6 millones por el trasvase, cantidad que se pasa al cobro en 25 anualidades, desde 1997 hasta el 2022.

El tribunal madrileño, en una sentencia del pasado febrero de la que se informó en la última junta local de gobierno, sólo se pronuncia sobre las anualidades de 1999 y del 2000. Da la razón al consistorio al entender que no debe pagar la anualidad de 1999. Pero considera que la del año siguiente sí se ajusta a derecho.

El criterio que emplea el tribunal para validar la anualidad del 2000 puede aplicarse a la de los años siguientes. El argumento es la modificación que se introdujo en la Ley de Aguas en diciembre de 1999. Hasta esa fecha, en el articulado de la ley se establecía que la tarifa era de aplicación a los beneficiarios de obras ejecutadas integramente por el Estado. El trasvase del Almonte fue una inversión financiada por el Estado y por la Junta. Con la ley del 14 de diciembre de 1999, que modificó la Ley de Aguas, se añadió que la tarifa se debe aportar por obras financiadas total o parcialmente con cargo al Estado.

Esa inclusión del término parcialmente es lo que hace que el tribunal considere ajustada a derecho la anualidad del año 2000, y, por consiguiente, también lo serían las posteriores, y que deje sin efecto la de 1999, y, por lo tanto, lo mismo podría aplicarse a las anteriores a esa anualidad.

El trasvase, que fue una obra de emergencia que se realizó en el verano de 1992, costó 4,2 millones. La Junta puso 2,1, y el Estado igual cantidad. La Confederación Hidrográfica del Tajo comunicó en 1997 al consistorio que estaba pendiente de abonar

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