Un cacereño que es propietario de un desguace en la localidad madrileña de San Martín de la Vega ha sido detenido por la Guardia Civil como máximo responsable de una red dedicada a la exportación ilegal de vehículos usados, oficialmente dados de baja, cuya documentación era falsificada para ser comercializados en terceros países. El detenido, de 50 años, responde a las iniciales T. M. D.. Junto a él han sido puestas a disposición judicial otras tres personas y hay otros dos imputados. La operación ha sido desarrollada en Madrid, Toledo y Valencia.
La Guardia Civil confirmó que se han precintado 126 vehículos y dos desguaces ilegales. Los detenidos en la denominada operación Desguace han podido exportar 2.000 vehículos, cuyo precio en los países de destino, como Cuba, Georgia, Irak, Siria y otros del continente africano, ronda los 10.000 euros cada uno.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de octubre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en numerosos contenedores que se ubicaban en el puerto de Bilbao, listos para ser embarcados, se encontraban 95 vehículos que estaban dados de baja para su circulación en España. La empresa exportadora de los vehículos, controlada por el cacereño T. M. D., tenía domicilio social en el polígono industrial San Martín de la Vega, con lo que los agentes alertaron al Seprona de Madrid de la situación.
DOS AÑOS Las pesquisas posteriores confirmaron las sospechas de los agentes y demostraron la existencia de una red, que pudiera estar operando desde hace dos años. También se ha demostrado, según la Guardia Civil, la vinculación en esta red de cuatro desguaces legales y dos ilegales en los que se encontraron 59 vehículos que iban a ser exportados vía marítima.
Los particulares hacían entrega de sus vehículos en los desguaces implicados y recibían por parte del Estado las posibles ventajas de acogerse al plan Prever, es decir, hasta 721 euros, dependiendo de la antigüedad del mismo. El desguace formalizaba la baja oficial y la emisión de su certificado de destrucción, de lo que daba cuenta al particular y a los estamentos oficiales afectados. A partir de ese momento el vehículo figuraba como que estaba en baja definitiva y se convertía en residuo peligroso.
Posteriormente, falsificaban los documentos relativos al estado del vehículo y lo arreglaban hasta alcanzar un perfecto estado de funcionamiento y conservación para ser luego vendido en el extranjero. Los vehículos eran introducidos de tres en tres en los contenedores, cuyo contenido era declarado como coches usados o incluso chatarra, y los trasladaban hasta los puertos de Bilbao o Valencia por carretera para desde allí salir al exterior.
Además del cacereño, los otros detenidos son tres responsables de desguaces ubicados en San Martín de la Vega, Torrijos y Los Santos de la Humosa, todos ellos con edades comprendidas entre los 41 y los 43 años.
