La Real Academia Española está sopesando incluir el término ‘Alzapiernas’ como sinónimo de suplicio, calvario, despropósito, martirio y padecimiento. Al margen de chanzas, lo cierto es que en el argot de Cáceres esta palabra ya sirve para referirse al mal fario de una obra que se complicó y que complicaron. Alzapiernas quedará en la historia local como un serio aviso para cualquier político: no reformar nunca una calle para hacerla un poco más accesible si no se puede lograr la accesibilidad absoluta. Está condenada a la polémica y todos esgrimirán sus razones. La lucha política hará el resto. Ya hubo quien propuso rebautizarla como calle ‘Pa qué tocas’.

La intención de instalar escaleras mecánicas en Alzapiernas, el gran pasillo de entrada de los turistas al casco viejo, con 900.000 viandantes al año, ya se conocía en 2015. El Gobierno municipal de Elena Nevado (PP) pretendía solicitar fondos europeos para crear un eje más accesible desde el casco histórico hacia Cánovas y el Parque del Príncipe. Desde el principio no se ocultó que la orografía de Alzapiernas seguiría impidiendo la accesibilidad de esta calle para todos: había que salvar 6,5 metros de altura en 27 metros de longitud. Las personas en sillas de rueda y movilidad muy reducida no podrían utilizarla por su pendiente. El resto (turistas con maletas, ancianos, ciudadanos...) sí encontrarían más facilidades.

Europa pone el dinero

El 14 de octubre de 2016 se celebró un pleno municipal para aceptar la jugosa subvención que había concedido Europa a través de programa DUSI: 10 millones de euros. Ahí se incluía Alzapiernas. Pasado un año, el 23 de noviembre de 2017, la Junta Local de Gobierno aprobó la operación de esta calle. El 12 de abril de 2018, la Mesa de Contratación abrió las plicas de las empresas que optaban a ejecutar la obra. Por entonces el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica (integrado por Junta, Diputación y ayuntamiento), ya se había reunido con colectivos de personas con discapacidad para explicar el proyecto, sus limitaciones orográficas y las posibles alternativas. Sin embargo, Cocemfe mostró públicamente su malestar: «la obra no ofrece una solución integral ni inclusiva».

Llegan las discrepancias

Elena Nevado salió a defender el proyecto el 18 de abril de 2018 y le dio «toda la razón» a Cocemfe: «El proyecto no ha sido diseñado para las personas con movilidad reducida», dijo, «sino para facilitar el tránsito de miles de cacereños y turistas que todos los días suben y bajan», argumentó, recordando que las medidas de la calle impedían hacer otra cosa.

La batalla estaba servida. Los partidos de la oposición se desmarcaron del proyecto y los colectivos afectados elevaron sus quejas. La Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad (Apamex) trasladó al ayuntamiento que «en ningún caso» se podía ejecutar una actuación que promoviera una mejora de la movilidad en la que quedaran al margen «los que más dificultades tienen».

Fue un abril intenso que acabó con la propuesta de adjudicación de la reforma a la empresa GC10 Gestión y Obras, por 425.000 €, solo respaldada por el PP. La asociación de parálisis cerebral Aspace planteó esos días su propuesta de sustituir las escaleras mecánicas por un ascensor, y posibilitar la accesibilidad universal.

1º proyecto: dos escaleras

El 1 de mayo de 2018, la alcaldesa presentó oficialmente el anteproyecto de Alzapiernas. Descartó la opción del ascensor por cuestiones de falta de espacio e inseguridad (posibilidad de aglomeración de público en Parras, embotellamiento en una calle de evacuación, creación de un espacio inseguro de noche...). Frente a ello, solucionaba Alzapiernas con dos tramos de escaleras mecánicas, separados por un descansillo, que salvaban prácticamente toda la calle. Reconocía que el desnivel medio del 23%, la existencia de ventanas y escaparates, y demás condicionantes, hacían «inviables» otras soluciones.

El proyecto también recogía las dos alternativas para las personas con discapacidad: la calle Sánchez Varona (a 65 metros de Alzapiernas), que mejoraría su pendiente con rampas y pasamanos; y Felipe Uribarri (a 170 metros), con una pendiente más suave (5%).

Colectivos como Apamex, Once, Cocemfe y Aspace rechazaron el proyecto e insistieron en la opción del ascensor, apoyados por la oposición en pleno. El 7 de mayo de 2018, personas con movilidad reducida se manifestaron en Alzapiernas. El proyecto seguía su trámite y el 10 de mayo de 2018 recibió el visto bueno de la Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico.

Dos días después, la alcaldesa se reunió de nuevo con los colectivos de discapacitados, pero de aquellas conversaciones nada se supo durante el verano, hasta que saltó la sorpresa el 26 de noviembre de 2018: el ayuntamiento lo reconsideró y presentó el proyecto definitivo (el que se ha ejecutado finalmente), muy distinto del primero. Se sustituían los dos tramos de escaleras mecánicas por uno solo en la parte alta (más ancha) para evitar un «embudo» en la parte inferior, donde habría escaleras de piedra y rampa. También se ofrecía una tercera alternativa para bajar de Galarza a la plaza Mayor, además de Sánchez Varona y Felipe Uribarri. Se trataba del eje San José-Zurbarán, que se pondría en obras para crear rampas al 8% y plataforma única. El ascensor, descartado.

Pruebas fallidas

Pero el nuevo proyecto tampoco fue del agrado de los colectivos de personas con discapacidad, y no lo ha sido nunca. De hecho, la Agrupación de Vecinos de Cáceres, Cocemfe y Aspace realizaron pruebas con sillas de rueda y determinaron que ni Alzapiernas ni sus alternativas eran viables: el acerado de Parras no cumplía las normas de accesibilidad al no llegar ni de lejos a los 1,80 metros; Zurbarán excedía del 6% de pendiente contemplada como máxima; y Sánchez Varona, con su 17% de desnivel, obligaba a las personas en sillas de rueda a ser ayudadas el día de las pruebas.

El problema es que por entonces Sánchez Varona ya estaba reformada... De hecho fue la primera actuación del proyecto. Le siguió Alzapiernas, que se cerró el 28 de enero de 2019 para iniciar su transformación. La alcaldesa se atrevió a dar una fecha final, 1 de abril, con el objetivo de reabrirla antes de Semana Santa.

Si el proyecto se había alargado... la obra no iba a ser menos. Dos días después de su inicio, la aparición de una canalización de agua de principios del siglo XX obligó a pararla. Hasta el 6 de marzo no se autorizó desde la Junta el desmontaje de la canalización para seguir con la reforma. El Gobierno regional respondió a las quejas del ayuntamiento por la demora: dijo que el informe del promotor no le había llegado hasta el 26 de febrero, que autorizó el levantamiento de la tubería en un plazo de cinco días y que nunca había parado la obra. Acusó al ayuntamiento de no interesarse por los trámites. Una batalla política más en la guerra de Alzapiernas.

Lamento por los retrasos

A mediados de marzo de 2019, con la obra sin avances, los empresarios de Alzapiernas, Moret y la Concepción ya se mostraban muy nerviosos: el volumen de sus negocios había disminuido entre un 50% y un 75%, incluso tuvieron que realizar despidos. El 13 de marzo se reunieron con la empresa y con algunos concejales, y propusieron exenciones en las tasas (IBI, basuras...). El consistorio anunció que estudiaría ayudas.

Hacia el 20 de marzo las obras se habían retomado..., pero el 22 de marzo se halló una segunda canalización similar. Las obras se detuvieron unos días y sobrevino una nueva batalla Junta--ayuntamiento a costa de la falta de vigilancia arqueológica.

Los comerciantes ponían el grito en el cielo y el Gobierno local, en otra reunión, se comprometió a asumir las pérdidas. El 8 de abril, para no crear más perjuicios, se decidió reabrir la calle mediante una pasarela provisional de hormigón hasta pasados los eventos más importantes de la primavera (Semana Santa, San Jorge, Womad, ferias...). Esta solución supuso otros 26.000 euros.

El 3 de junio la obra volvió a retomarse. Por fin, el 13 de agosto, llegaron las escaleras mecánicas a lomos de un gran tráiler. Después del enésimo corte de la calle Parras, quedaron instaladas. «Un despropósito», fue el veredicto del actual Gobierno local del PSOE. Los comentarios a pie de calle tampoco parecían favorables. La primera mitad de Alzapiernas quedaba prácticamente igual.

Apertura: más problemas

Tras un último accidente (la rotura de una atarjea obligó a cerrar un establecimiento por los olores y ratas), la calle se abrió por fin el 6 de septiembre sin inauguración ni nada que se le parezca. Tuvieron que pasar 20 días para que las escaleras comenzaran a funcionar por ajustes en el contrato de mantenimiento. Y una semana más tarde, dos mujeres de 70 años fueron trasladadas al hospital con abrasiones, traumatismos y policontusiones al caer en las escaleras. El ayuntamiento decidió días después que sólo se programarían de subida para evitar más incidencias.

Pero aquí no acaba la historia de Alzapiernas, que va camino de terminar como el rosario de la aurora. La denuncia presentada ante la Junta de Extremadura por Juan Carlos Caso, portavoz de la Agrupación Vecinal de Cáceres, que padece una grave discapacidad visual, ha tenido eco. Los técnicos de la Dirección General de Accesibilidad hicieron una inspección el 12 de septiembre. El 1 de octubre se conoció su informe: tanto Alzapiernas como Sánchez Varona y Zurbarán incumplen la normativa de accesibilidad (ancho de aceras, pendientes...).

¿Y ahora... qué?

El Ayuntamiento tendrá que modificar Alzapiernas, que lleva un mes abierta, y sus recorridos alternativos. Aún no ha decidido cómo hacerlo, ni siquiera sabe si tendrá que desmontar las propias escaleras mecánicas por su estrechez, pero espera no volver a levantar ni cerrar la calle. De momento ha encargado un informe jurídico para depurar responsabilidades. Mientras, el PP recuerda que el proyecto fue aprobado por el Plan Especial y que «cumple» la ley de accesibilidad, al tender al mejor resultado posible dados los escollos físicos. Y los comerciantes siguen reclamando los daños, sin éxito. «Esta obra es un dolor de cabeza», ha dicho el actual alcalde, Luis Salaya. El problema es que promete convertirse en una jaqueca... duradera.