La provincia tiene en la actualidad una población inmigrante de casi 12.500 personas, lo que supone un ligero descenso con respecto al 2005. Son en concreto 12.481 los inmigrantes que se encuentran actualmente empadronados en municipios cacereños, casi 400 menos que el año pasado, en que los datos del padrón arrojaban una cifra de 12.875 inmigrantes.

De los 12.481 residentes actuales, 5.098 cotizan en la Seguridad Social y, de éstos, un total de 2.881 lo hacen en el régimen agrario, lo que quiere decir que más de la mitad de los inmigrantes que trabajan en Cáceres lo hacen en el campo. Así se desprende de los datos facilitados ayer por el subdelegado del Gobierno en Cáceres, Fernando Solís, quien señaló que a los inmigrantes que cotizan en el régimen agrario les siguen en número los que lo hacen en el régimen general (1.444), como empleadas de hogar (386) y autónomos (un total de 377).

En cuanto a la procedencia de esta población inmigrante, Solís indicó que el colectivo de extranjeros más numeroso en la provincia cacereña procede de Marruecos. Son exactamente 7.053 los magrebís que residen en la provincia, lo que supone el 56,5% del total de extranjeros que viven en los municipios cacereños, y el 73% del total de inmigrantes de la región. Les siguen, con 887, los portugueses, que suponen el 7% del total de extranjeros en la provincia; los rumanos, que en una cifra de 598 empadronados suponen el 4,8% ; 496 colombianos (3,97%) y 408 ecuatorianos (el 3,26%).

Y respecto a la ubicación de éstos en la provincia, el subdelegado señaló que Talayuela sigue siendo la localidad cacereña que más extranjeros alberga con un censo de 3.480, la mayoría de ellos de origen marroquí, de una población total en el municipio de 10.249 habitantes

POR LA LEGALIDAD Son los datos que el subdelegado del Gobierno facilitó ayer tras la reunión mantenida con la Comisión Provincial del Proceso de Normalización de Extranjeros, que está integrada por diversas asociaciones que trabajan con el colectivo de inmigrantes, desde ongs hasta sindicatos, empresarios y la propia administración, "y que es una herramienta para conocer cómo se desarrollan las políticas de inmigración en la provincia y poner de manifiesto la defensa de una inmigración legal", señaló Solís.

Todos los colectivos presentes en la reunión coincidieron en afirmar que hay que "fomentar la inmigración legal y trabajar para que estas personas puedan vivir dignamente en nuestro país como cualquier otro ciudadano español"; poniéndose al mismo tiempo de manifiesto la "necesidad de aumentar la colaboración entre administración y empresas para evitar la explotación laboral de que son objetos algunos inmigrantes por ciertos empresarios sin escrúpulos".

El subdelegado del Gobierno manifestó que todas sus propuesta serán trasladadas a la Delegación y al Ministerio.