El portavoz del gobierno local, Rafael Mateos, reiteró ayer que la pretensión del ayuntamiento es la de llegar hasta la resolución del contrato con Canal de Isabel II Gestión para la concesión del servicio integral del agua (abastecimiento y depuración) si persisten los incumplimientos denunciados por el consistorio tras la reunión que se mantendrá con la empresa antes de final de año. Por ahora se ha abierto un proceso sancionador y la decisión que salga del mismo dependerá del resultado del encuentro. Es probable que se pueda imponer alguna multa (las infracciones graves llegan hasta los 36.000 euros) dado que algunos incumplimientos ya no se pueden subsanar en el plazo marcado. «No nos conformamos con promesas de cumplimiento futuro que sean indeterminadas», afirmó ayer Mateos.

En el escrito que la compañía presentó en octubre en respuesta al ayuntamiento justifica parte de sus incumplimientos en que su oferta es de 2010 y empezó con la gestión del servicio en 2015. Hay datos y cálculos de la propuesta que sirvió para adjudicar el contrato del agua que no se ajustan a la realidad con la que se encontró la compañía cuando en abril de 2015 se hizo cargo del servicio, según explica Canal.

La empresa alude, entre otros, a los gastos de personal, que son mayores porque entre 2010 y 2015 se tuvieron que aplicar subidas salariales tras sentencias que dieron la razón a los trabajadores. También se refiere a las inversiones, así explica que en el proyecto que se redactó para la construcción de un laboratorio en la estación depuradora, obra que ya tenía que estar ejecutada, se tienen que hacer cambios para ajustarlo a la situación actual, ya que está previsto que se haga una nueva depuradora, algo que no se contemplaba en 2010.

NO PREVISTO / Según Canal, lo mismo pasa con otras actuaciones que hace 6 años no se preveían y que ahora son urgentes, como el saneamiento de la estación de Arroyo-Malpartida por posibles sanciones de la Confederación del Tajo, y también con parte de las inversiones ofertadas, como la mejora de la conducción del depósito de la Montaña, que van a necesitar una inversión mayor que la planificada en 2010.

Esa diferencia de cinco años entre la redacción de la oferta y el inicio de la gestión se debe a que el concurso se adjudicó inicialmente a Acciona, pero en 2014 se tuvo que retrotraer todo el proceso al momento de la valoración de las propuestas que se presentaron al concurso en 2010 porque por sentencia se anuló la adjudicación a Acciona. En ese momento el ayuntamiento se dirigió a todas las compañías que licitaron para saber si seguían interesadas y ratificaban las ofertas entregadas en 2010. Canal la confirmó y al final fue la elegida en la segunda adjudicación.

REVISIÓN DE LA TARIFA / Queda pendiente de contestación la revisión de la tarifa, incremento que estaría en torno a un 10%, que la empresa pidió en mayo porque en el primer año de la concesión (que acabó en abril) tuvo un déficit de ingresos de 1,1 millones debido a que los metros cúbicos facturados estuvieron por debajo de los calculados para el mismo periodo en el anteproyecto de explotación del servicio que sirvió a las empresas para hacer sus ofertas.

El anteproyecto se elaboró partiendo de resultados de 2009 y hacía una planificación a 24 años (tiempo del contrato), estimando que el primer año de la concesión sería 2010. Pero para Canal ha sido de abril de 2015 a marzo de 2016. La petición de Canal choca contra el pliego de condiciones del concurso, que indica que la empresa solo podrá solicitar el mantenimiento del equilibrio económico financiero de la concesión, uno de los modos es revisando la tarifa, cuando hayan pasado 4 años desde el comienzo de la prestación del servicio (plazo que se cumple en 2019).