Canal de Isabel II puede desde el pasado 1 de abril pedir el restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato de concesión del abastecimiento y depuración del agua. Y la primera manera de hacerlo es con la revisión de la tarifa que pagan los usuarios. Lo normal es que ese restablecimiento se pida por Canal de Isabel II a favor de la empresa porque las condiciones que en 2016 la llevaron a solicitar una revisión al alza de la tarifa no han cambiado. Desde Canal de Isabel II no se detalló ayer si ya se ha pedido la revisión o si se va a hacer. Se limitó a una respuesta genérica: «Canal estudia permanentemente la mejor forma de actuar en cumplimiento del contrato y en la defensa de sus intereses», aunque leído entre líneas está diciendo que se pedirá.

Las relaciones entre el ayuntamento y las empresas que tienen en concesión la gestión de un servicio público se regulan por el pliego de condiciones que saca la administración local y por la oferta de la empresa adjudicataria. Si las condiciones cambian a lo largo de la concesión, empresa o ayuntamiento pueden pedir el restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato en base a las condiciones del pliego y de la oferta de la empresa.

En el pliego del contrato se establece que el mantenimiento del equilibrio económico se puede pedir por la empresa una vez transcurridos cuatro años desde el comienzo de la prestación del servicio. En 2016 Canal ya lo intentó, pero no se aceptó porque no habían pasado los cuatro años. Y las causas de 2016 se mantienen. Eran dos. La primera es que no se cumplen las estimaciones del pliego sobre el agua facturada, de la que salen los ingresos que obtiene Canal. La cantidad real que se factura es inferior a la que se fija en el pliego y que sirvió a Canal para hacer su oferta. Cuando en 2016 se pidió la revisión, el déficit de ingresos superaba el millón de euros. La segunda razón es que el coste de la plantilla es mayor que el establecido en el pliego que salió en 2010, ya que durante la etapa de Acciona se tuvo que subir el sueldo a los empleados porque ya no dependían de una empresa pública (hasta 2012 dependían de Canal que es una compañía pública) y recuperaron el 5% de la reducción salarial practicada en 2010 a toda la plantilla, al igual que al resto de empleados públicos, al depender entonces de Canal. Ahora, curiosamente, se da la circunstancia de que desde abril de 2015 volvieron a depender de Canal, empresa pública, aunque la masa salarial se ha mantenido.

Desde el gobierno local se aseguró el pasado año que en la auditoría de gestión que se hizo del servicio del agua del ejercicio de 2017, los ingresos fueron más que los gastos. Pero el contenido de esa auditoría de gestión, que se anunció que se publicitaría, no se ha hecho público.