El Gobierno central ha pedido esta semana al Ayuntamiento de Cáceres que retire la Cruz de los Caídos para cumplir con la Ley de Memoria Histórica. En caso de no hacerlo, insta a la Junta de Extremadura a que intervenga y adopte las medidas oportunas para que se lleve a efecto. El Estado ha hecho este requerimiento tras una pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet sobre la permanencia de este monumento. Tal y como ya ha informado este diario la resolución del equipo de Pedro Sánchez afirma que la cruz «contribuye a perpetuar el recuerdo del odio y el enfrentamiento entre españoles en contra del modelo constitucional de convivencia».
El alcalde, Luis Salaya, ya anunció que acatará la orden y que ahora estudia cómo llevarla a efecto. En principio se descarta su derribo y el objetivo es trasladarla al cementerio. En cambio las reacciones no han hecho esperar. Desde la Asociación Española de Abogados Cristianos se ha iniciado una campaña para recoger firmas y exigir que se mantenga el monumento. En cuatro días han conseguido casi 9.000 (hasta mediodía de ayer).
Ellos consideran que la Cruz de los Caídos es un símbolo religioso y que no cuenta con inscripciones ni símbolos que exaltan el régimen de Franco por lo que, a su juicio, no incumple la Ley de Memoria Histórica. «No tenemos que dejar que nos tomen el pelo. Una cruz simboliza el cristianismo, que nos digan otra cosa es mentira. En un país democrático no se puede tirar la cruz porque les dé la gana», afirma la presidenta del colectivo que promueve la recogida de firmas, Polonia Castellanos.
Consideran que el anuncio de su retirada es un ataque a la religión cristiana. «Este gobierno laicista quiere derribar la cruz de Cáceres bajo el pretexto de la Ley de Memoria Histórica. ¡Pero es ilegal!», aseguran en el texto que acompañan a la recogida de firmas. Y añaden que «no hay derecho a que los políticos laicistas sigan generando problemas con su odio». Castellanos insiste en que «la gente no es partidiaria» de su retirada porque, según asegura «es un lugar de encuentro y no molesta a nadie». Además señala que «es un gasto innecesario con la recesión que se aproxima. Quitarla solo por atacar a los cristianos no tiene sentido». Retirarla, tal y como publicó este diario, podría costar entre 20.000 y 30.000 euros.
Seguirán recogiendo firmas durante la semana que viene y las entregarán en el consistorio. De no dar marcha atrás en la decisión se plantean acudir a los tribunales. Interponiendo un contencioso administrativo, aunque no descartan iniciar un proceso penal para denunciar a los políticos cacereños por «prevaricación». Tal y como explica la presidenta del colectivo, ya se han tomado estas medidas en otras ciudades con sentencias favorables como en Valencia y Galicia. Hay otras pendientes en Callosa de Segura (Alicante) y en Castellón.
